Salvavidas para las cooperativas

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publicó este miércoles la orden reguladora de la Consejería de Agricultura para acogerse a la destilación voluntaria de crisis. Tal y como ha venido informando Diario LA RIOJA, el presupuesto total asciende a 15,8 millones de euros, aunque podría ampliarse en otro millón de euros, hasta los 17 inicialmente previstos, si otras regiones no cubren todo su presupuesto de destilación. Como novedad respecto al año pasado, el 50% del total (7.943.587 euros) se reserva para las cooperativas —con un tope máximo de 600.000 euros por solicitante–, con el fin de ayudar a un sector en una situación crítica, ya que muchas de ellas afrontan la vendimia sin haber vendido la cosecha de 2023, con lo que podrían tener problemas para recepcionar la uva de sus socios.

Otra de las grandes novedades es que se prima a las bodegas que solicitaron destilación en 2023 pero que quedaron fuera del reparto en la concurrencia competitiva y también que no se admite la destilación de vinos rosados. A continuación siguen las claves de la nueva normativa para 2024.

En principio, cada sociedad cuenta con 15 puntos de partida para la concurrencia competitiva por el hecho de ser cooperativa. Ahora bien, como novedad, se establecen dos tramos para el reparto con la mitad del presupuesto reservado a este tipo de sociedades. Se topa la ayuda máxima en 600.000 euros por sociedad –se espera que prácticamente todas las cooperativas se acojan y así se repartan más los fondos–, aunque, en caso de que no se agote su presupuesto propio por falta de peticiones, ese tope de 600.000 euros podría incrementarse, con lo que la garantía de que el 50% del presupuesto recaerá en las cooperativas es total. A este tipo de sociedades que quieran acceder a las ayudas se les exige también la garantía, por declaración responsable, de que para la próxima campaña se comprometen a elaborar al menos el vino del 70% de las entregas de uvas de sus socios y se prohíbe el acceso a las ayudas a aquellas que hayan comprado vinos a granel de otras empresas en las dos últimas cosechas. Asimismo, los estatutos de las cooperativas que quieran destilar deberán incluir la obligación de recoger las uvas riojanas de sus asociado

Otra de las principales novedades de la normativa es que las bodegas que el año pasado solicitaron ayudas para destilar pero se quedaron fuera por puntos en la concurrencia competitiva tendrán prioridad este año con 20 puntos, lo que les garantiza un acceso prioritario. Hay importantes compañías vitivinícolas en esa situación que ahora partirán de una situación privilegiada. Las que, sin embargo, no tienen prima de puntos adicional son las bodegas que no solicitaron ayudas para destilación en 2023, bien porque no les dio tiempo a realizar la tramitación–la orden el año pasado se tramitó de modo urgente– bien porque no lo necesitaban entonces o no lo creyeron oportuno.

La orden prioriza también con 15 puntos a las pequeñas bodegas (hasta 350.000 kilos elaborados en la campaña pasada), como a las cooperativas pero sin reserva específica de fondos para ellas, por lo que quedarán por debajo de los 20 puntos que obtienen las que pidieron y no obtuvieron ayudas en 2023. Así las cosas, habrá que ver cuál es la disponibilidad real de fondos para esta tipología de empresas, ya que las bodegas optan sólo a 7.943.587 euros (la mitad de los 15 millones). En el caso de las medianas (de 350.000 a un millón de kilos), los puntos adjudicados de partida son diez, mientras que las mayores de un millón de kilos obtienen cinco puntos.

La orden concede tres puntos adicionales en la concurrencia competitiva a las bodegas que declaren haber comprado al menos el 50% de la uva elaborada en 2023, lo que beneficia a las grandes con menor autoabastecimiento, mientras que se da dos puntos también a quienes no recibieron ayudas en la pandemia por almacenamiento privado de vinos. Por último, se da un punto adicional a los elaboradores de vino ecológico, pero también a sellos privados como las normas ISO 14001 o el certificado Winaries for Climate Proteccion, que promueve la Federación Española del Vino (FEV) y que utilizan sus asociados con compromisos mediambientales más bien limitados.

Los topes por bodega existen pero son amplios: hasta el 50% del volumen de uva equivalente a la elaboración de uva tinta de viticultores riojanos en la campaña vitivinícola pasada. El compromiso exigido a todas las bodegas que deseen destilar además, mediante declaración responsable, es que para el año próximo se comprometan a elaborar el menos el 70% de los kilos de uva que empleen esta campaña. También se quedan fuera del reparto aquellas que tengan sanciones graves o muy graves a la Ley de la Cadena (por ejemplo incumplimientos de pagos o plazos en la ejecución de los mismos).

La orden es hasta cierto punto contradictoria en este sentido. Al igual que el año pasado, las bodegas, independientemente de donde tributen fiscalmente, pueden acceder a las ayudas del Gobierno riojano mientras que, sin embargo, los titulares, privados o sociedades, de parcelas de viñedo de las que proceden las uvas deben tener domicilio fiscal en la Comunidad. Es decir, además de ser uvas riojanas (estar en un municipio de La Rioja) a las sociedades vitícola sí se les exige tener domicilio fiscal en la región.

La orden deja sólo un margen de cinco días laborales para solicitar la ayuda y hacer la tramitación, aunque la destilación no se realizará hasta el 15 de noviembre. En cuanto a precios, las ayudas son las mismas que en 2023, es decir, 0,86 euros por litro de vino tinto. También los solicitantes deberán garantizar a sus viticultores un precio mínimo de compra de 0,684 euros por kilo de uva tinta para un rendimiento de 5.850 kilos por hectárea (el máximo amparado por Rioja).

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