La falta de profesionales sanitarios es un déficit que no solo pesa sobre el sistema de salud; también las residencias de mayores se han visto afectadas por un problema que no parece tener fácil solución a corto plazo. En el nuevo marco normativo que el Gobierno prepara para regular los centros de mayores, se prevé una mayor flexibilidad en la contratación.
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La consejera de Salud, María Martín, ha explicado al finalizar el Consejo de Gobierno algunos pormenores del nuevo decreto que prepara su departamento. «Para la determinación del personal en las residencias se establecerá una ratio mínima de médicos, enfermeras, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales; y una ratio global en el segundo nivel de atención», ha señalado. La falta de profesionales «conllevará la obligación del centro de sustituir su déficit por un número de horas equivalente de otro u otros profesionales de las otras categorías de atención sanitaria o bien por el doble de horas del grupo de atención directa del primer nivel», ha ejemplificado. Cuando entré en vigor el nuevo decreto, para el que ahora se abre un periodo de consulta pública, finalizará la polémica exención de las penalidades que deben imponerse a las residencias que no cumplan con los ratios.
María Martín ha puntualizado que este decreto, que previsiblemente se aprobará después del verano, sustituirá al ahora vigente, que data de 1998. La consejera ha señalado que la nueva normativa se basa en una resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales aprobada en 2022 sobre los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. «Va a ser la primera vez que se da respaldo normativo al modelo 'Sociales cuida, Salud cura' que hemos empezado a implantar en nuestra comunidad con el objetivo de incrementar la calidad de los cuidados de larga duración que ofrecemos a los mayores». «No podemos seguir ofreciendo las mismas soluciones que en 1998 cuando la sociedad cada vez está más envejecida; cuando las personas necesitan cuidados de larga duración ni el sistema de Salud ni el de Servicios Sociales pueden por sí solos dar una respuesta adecuada», ha subrayado.
Uno de los puntos principales del nuevo modelo es la creación de Unidades Especiales de atención sanitaria, dependientes de Atención Primaria, que se desplazarán a las residencias «para reforzar la monitorización de la salud de los usuarios». Del mismo modo, el decreto recogerá la «interoperabilidad» entre el sistema público de salud y el de servicios sociales, de manera que incluya medidas -«algunas ya implantadas»- como «el acceso a la historia clínica electrónica en todas las residencias, la gestión de pruebas complementarias , el envío y recepción de análisis clínicos o el acceso al registro de voluntades anticipadas del Gobierno de La Rioja».
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