Salud incoa expediente a dos funcionarios por incumplir la ley de incompatibilidades

Según han confirmado a Diario LA RIOJA fuentes próximas al caso, la investigación interna se centra en la contratación de ambos por parte de la empresa a la que fue adjudicada la realización de dos cursos promovidos por la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la que dependen ambos trabajadores de la Administración riojana.

Uno de los cursos, de carácter presencial, tenía por objetivo la deshabituación tabáquica y se desarrolló en diferentes centros de salud de la comunidad. El otro, en formato 'on line', se articuló a través de una plataforma virtual destinada a familias para la prevención del consumo de alcohol en menores.

De acuerdo con los datos hasta ahora disponibles, los implicados fueron retribuidos a título particular por la misma empresa de formación encargada de gestionar los cursos para ejercer como ponentes y tutores en el desarrollo de las actuaciones contempladas en ambas actividades. Una relación contractual expresamente prohibida por la normativa que rige a los empleados públicos en esas condiciones.

La coyuntura fue puesta en conocimiento de la cúpula de la Consejería desde el propio servicio de Drogodependencias y otras Adicciones, cuando al elaborar el informe anual sobre el desarrollo de los cursos promovidos por la Dirección General se constató que entre las facturas de pago de la firma adjudicataria constaban los nombres de los dos aludidos.

A raíz de ahí, a finales del año pasado se abrió un expediente disciplinario contra ambos -los cursos se repitieron durante varios ejercicios desde el 2013- recabando información reservada tanto del jefe de servicio como de su compañera de área y nombrando un instructor que ha solicitado ampliar el plazo de resolución para aglutinar la totalidad de la documentación y otros testimonios.

En función de las conclusiones que se obtengan, la actuación de los implicados podría ser calificada hasta como falta muy grave, lo cual acarrearía la suspensión de empleo y sueldo durante un periodo de entre tres y seis años.

La Consejería de Salud declinó ayer hacer valoraciones al respecto, insistiendo en que ni confirma ni desmiente el caso.