Salud amplía por 1,5 millones uno de los servicios de Radiología externalizados

La decisión, justificada oficialmente por la necesidad de la realización de pruebas por encima de las previsiones iniciales –el importe de los contratos se fija respecto a una estimación de pruebas al año y el coste de cada una– ha levantado las alarmas entre la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja. En primer lugar, por la «ocultación y falta de transparencia» que perciben en una decisión «unilateral» de la Consejería de Salud que no se comunicó en la última reunión de seguimiento del pacto de Gobierno. Por otro lado, por la constatación de que el departamento que dirige Sara Alba maneja un escenario similar y por razones análogas en los otros dos lotes que asumió Alliance Medical: el 3 (Tomografía Axial Computerizada dentro del San Pedro y la Fundación Hospital de Calahorra) con una ampliación fechada en agosto y el 4 (Radiología Convencional), el próximo noviembre.

Sin embargo, la máxima preocupación de la Plataforma reside en lo que juzgan un incumplimiento «flagrante» del acuerdo a tres entre PSOE, IU y Podemos-Equo que posibilitó la investidura de Concha Andreu. En concreto, en el punto que compromete al Ejecutivo a eliminar paulatinamente los conciertos, convenios y contratos con empresas sanitarias privadas, recuperando todos ellos para el sistema público de salud. Más aún, cuando los contratos aludidos vencen el próximo mayo y no habría trabas legales para materializar entonces la reversión. La Plataforma ve en la ampliación concretada por Salud –y que es administrativamente factible siempre que no exceda el 10% del importe principal– una réplica de lo acontecido con el contrato de Viamed-Los Manzanos. El pacto recogía taxativamente su «extinción» en la fecha de finalización el 30 de noviembre del 2019, pero llegado el momento se prorrogó de manera condicionada y por un año aduciendo la complejidad de reinternalizar de golpe todos los servicios implicados.

A diferencia del caso de Viamed-Los Manzanos, la Plataforma por la Sanidad Pública sostiene que la privatización de los servicios de Radiología es «fácil» de revertir. Al estar ubicados en dependencias públicas y disponer de los elementos técnicos precisos para asumir esta función, entienden que bastaría con disponer del personal adecuado.

Las dudas por lo que juzgan «un engaño a toda la sociedad con el agravante de hacerse con nocturnidad y alevosía», suscita varias dudas requiriendo información oficial al amparo de la Ley de Transparencia. Desde conocer si la decisión ha sido tratada en el Consejo de Gobierno de La Rioja, hasta si el titular de Hacienda ha autorizado el nuevo gasto para las prórrogas.

Requerido al respecto, el departamento que comanda Sara Alba declinó ofrecer explicaciones sobre la prórroga decretada.