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A sus señorías les ha costado salir (metafóricamente) del controvertido aparcamiento del Cibir donde se hallaban enredadas casi desde el principio de la legislatura, pero ya ven alguna luz: ayer se iniciaron los trabajos finales de la ponencia parlamentaria que indaga supuestas irregularidades en el ... contrato que selló la Fundación Rioja Salud para la adjudicación del estacionamiento situado en el entorno del Hospital San Pedro. A lo largo del día de hoy se espera que los comisionados finiquiten sus trabajos y se decidan a redactar sus conclusiones. Con un inminente horizonte temporal. El día 26, la comisión procederá a redactar el informe consensuado entre los grupos.
Ayer fue el momento en que los parlamentarios que integran la ponencia comenzaron con ese prolegómeno decisivo: aportar al resto de comisionados sus propias conclusiones. Uno de esos documentos, al que ha tenido acceso este periódico, plantea el dictamen particular del Grupo Socialista, a la espera de alcanzar una redacción común con PP, Podemos y Ciudadanos, que ayer declinaron facilitar su propio texto. En las conclusiones del PSOE, además de detallar los antecedentes de la comisión y lamentar en un apartado lo que considera «incumplimientos» de la Administración regional en este contrato (por ejemplo, carencias de documentación en alguno de los expedientes aportados durante la investigación parlamentaria), se anota como principal argumento crítico con el procedimiento seguido lo siguiente: «Existe de inicio la inclusión del aparcamiento en superficie, que excede del ámbito del contrato para el estudio de viabilidad realizado». Aludiendo a que, según se desprende de la documentación aportada, en origen se trataba de aparcamiento subterráneo.
Ponentes de la comisión de investigación del Cibir
PP Esther Agustín, Pedro Sáez Rojo y Jesús Ángel Garrido
Podemos Germán Cantabrana
PSOE Francisco Ocón y Nuria del Río
Ciudadanos Tomás Martínez
No acaban ahí las objeciones socialistas respecto a la adjudicación. También se recuerda que el expediente carece, según su parecer, de informe de los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja y añade otra apreciación: «Entre los dos pliegos que regulan los dos procedimientos abiertos no hay modificación ni en la duración del contrato ni en sus condiciones fundamentales, a pesar de que la cuantía del canon pasa de 16,3 millones de euros a 8 millones». Una discrepancia que el PSOE vincula con otra de las irregularidades que en su opinión llaman la atención en el conjunto del expediente: que en el contrato inicial para la construcción del aparcamientos se alude a su condición de «subterráneo». Y así figura igualmente en otra documentación aportada poco después, un proceder que destaca este capítulo de conclusiones del Grupo Socialista antes de detenerse en otra serie de datos que ya habían aflorado a lo largo de la investigación: por ejemplo, la coincidencia de los consejeros de varias de las empresas que se presentaron al contrato. «Se invita a tres empresa», alega el PSOE, «pero existe una enorme relación personal entre los consejeros de las tres empresas, lo cual de una manera obvia desvirtúa una posible competencia entre ellas que afecta al interés general».
Una conclusión que apunta al corazón de sus sospechas: la «relación» que mantienen los responsables de la empresa adjudicataria, Cibir SL, con el Gobierno de La Rioja «en el ámbito de los servicios sociales».
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