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Aunque el reglamento ya contemplaba la opción de recurrir a expertos para aconsejar a los grupos sobre cómo afinar las diferentes normativas emanadas del Parlamento (artículo 41), nunca hasta ahora se había recurrido a ella. La ruptura de la mayoría absoluta del PP no sólo ... ha otorgado el protagonismo a los especialistas llamados a aportar su parecer en algunas iniciativas clave, sino que ha convertido su presencia en una constante en las diferentes comisiones de la Cámara. De la nada, al todo.
Más de una treintena de voces autorizadas en relación a las proposiciones o proyectos de Ley en los que trabaja el hemiciclo se han sentado ya ante sus señorías para responder a las dudas y ofrecer su postura desde finales del año pasado, cuando empezaron a sustanciarse los primeros contactos.
La irrupción de la convocatoria de especialistas ha obligado al Parlamento a concretar su articulación dado que el reglamento lo prevé sólo de forma genérica. A principios del 2017, una resolución de la Presidencia fijó por ejemplo que las comparecencias acordadas por cada comisión se sustanciaran en un plazo máximo de quince días desde su publicación.
Más tarde, la Mesa también estableció el régimen de los gastos derivados del desplazamiento y manutención de los convocados (efectiva también para las comisiones de investigación), que no tienen la obligación de responder a la llamada de la Cámara. Sólo cuatro, todos llegados de fuera, han reclamado hasta ahora el desembolso de cantidades que suman 1.290 euros.
A ello se añade el coste de los informes reclamados a la UR:uno sobre la Ley Electoral ya presentado y otro previsto sobre la normativa de personas transexuales. Cada uno asciende a 6.000 euros.
En su mayoría reputados académicos -en ocasiones hasta repitiendo intervención, como en el caso del catedrático Ricardo Chueca- pero también agentes vinculados al asunto en cuestión como la decena de representantes de sindicatos y asociaciones de padres que ya se han pronunciado sobre la gratuidad de los libros de texto.
El elevado número podría haber sido aún mayor. Un buen puñado de los propuestos por alguno de los grupos no han sido aprobados por la mayoría de la comisión correspondiente y otros han excusado su presencia, como el ahora presidente del CIS, José Félix Tezanos, que el PSOE reclamó en su momento en calidad de catedrático de Sociología en la UNED, director de la Fundación Sistema y de la revista Temas para conocer sus aportaciones a colación de la reforma de la Ley Electoral.
Lejos de agotarse la opción para mejorar la calidad de la producción legislativa del hemiciclo se avecina otra intensísima ración de comparecientes. Hasta medio centenar están pendientes de pasar por el antiguo convento de La Merced para tratar diferentes normativas en trámite.
Desde la modificación del la Ley 10/2017 por la que se consolidan las disposiciones legales de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos, hasta la ILP para la protección del paisaje del viñedo o el proyecto de Ley de participación ciudadana. Y sobre todo la iniciativa para transformar la Fundación Hospital de Calahorra en fundación pública sanitaria, sólo para la cual se han requerido hasta una treintena de comparecientes.
El recurso a esta figura no ha estado exento de polémica. La más reciente, la que ha situado en el punto de mira la reforma exprés del Estatuto de Autonomía propuesta por Cs con el apoyo del PSOE que el pleno aprobó desarrollar a finales de septiembre con el voto a favor del PP.
El socialista fue el único partido que reclamó también aquí la presencia de expertos -seis en total, entre ellos, de nuevo Ricardo Chueca-, pero tanto populares como el partido naranja tumbaron su pretensión alegando la prioridad de acelerar al máximo procedimiento. Un argumento que no convenció al PSOE, cuestionando que sea precisamente la norma de referencia para la Comunidad la que prescinda de las apreciaciones de especialistas.
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