Andreu fulmina a Ocón y Santos en plena pandemia y abre su tercera crisis de gobierno en un mes

La pandemia, como excusa. Concha Andreu ha esgrimido este lunes la necesidad de ajustar el organigrama del Palacete a la estrategia de combate de la crisis del coronavirus para fulminar a sus consejeros Francisco Ocón y Ana Santos, su tercera remodelación de Gobierno en apenas un mes y la más profunda, porque cuestiona la confianza con su mayor activo: el partido cuya lista encabezó en mayo del 2019 y el grupo parlamentario que avala la acción gubernamental. Se abre por lo tanto una sima de desconocidas dimensiones en el funcionamiento del Gobierno, que aboca a La Rioja a un incierto periodo de tres años de legislatura dominado por la inestabilidad: el futuro de su presidenta depende de un equipo de diputados capitaneados por Ocón, precisamente el consejero recién fulminado cuya lealtad Andreu pone en duda.

La crisis ejecutada este lunes, en realidad, se debía haber producido el día 3 de este mes de agosto. Hace tres semanas todo estaba dispuesto para que fueran despedidos Ocón y Santos, entrara Pablo Rubio en el Gobierno y se reorganizara el modelo de Ejecutivo de acuerdo con una nueva lógica, una vez relevados los miembros de su equipo más conectados con el partido en cuya lealtad Andreu desconfiaba. Pero la presidenta fracasó. No supo explicar en Ferraz la naturaleza de los cambios que se disponía a materializar y tuvo además que atender severos reproches sobre otro consejero, quien sí contaba con su total apoyo. Luis Cacho, titular de Educación, cuya controvertida gestión de su riqueza a través de una sicav y su errática gestión de su departamento le acabaron por conducir al cese.

Andreu claudicó entonces pero, en un gesto de autoridad, se llevó por delante a su director de comunicación, destituido sin ofrecer una explicación convincente, y al consejero José Luis Rubio, despachado de Desarrollo Sostenible y relevado días después por Alex Dorado. Un largo mes de agosto, de «intenso trabajo» según ha señalado este lunes Andreu, que se resume en una crisis de Gobierno de consecuencias incalculables. Según la presidenta, que ha agradedcido a los dos consejeros depuestos sus servicios con una frase de fría cortesía, se trata de dotar a la Administración de una fisonomía más acorde para el pulso contra el coronavirus. Como resultado, Rubio, un histórico socialista que ya se ocupó del área social en el Gobierno de José Ignacio Pérez hace más de un cuarto de siglo, regresa al poder para hacerse cargo de una superconsejería donde se agrupan competencias que hasta ahora concernían a Ocón y Santos: del primero se lleva parte del área de Gobernanza, incluyendo la relación con el Parlamento, y de la extitular de Servicios Sociales, un delicado capítulo de atribuciones muy sensibles, desde la gestión del Ingreso Mínimo Vital al área de residencias de ancianos. Raquel Romero se ocupará de Igualdad y Transparencia desde la Consejería de Participación, desempeñadas hasta ayer por Ocón.

Rubio cede otras competencias a sus nuevos compañeros en el Palacete. Celso González, titular de Hacienda, se encargará de Administraciones Públicas, lo cual implica tanto Función Pública como Asesoría Jurídica. También se descargan las atribuciones de Protección Civil en Sara Alba, consejera de Salud y portavoz, la colaboradora de Andreu que más reforzada sale de esta crisis. Y en un nuevo movimiento que socava el perfil inicial de su Administración, Andreu manda Empleo a la Consejería de Desarrollo Autonómico que pilota otro de sus fieles, José Ignacio Castresana. ¿La justificación de tantas idas y venidas? Andreu se ha enrocado en un único argumento para esta especie de enmienda a la totalidad que se hace a sí misma: la pandemia. La necesidad de dotarse de un renovado modelo de gestión, la conveniencia de imprimir a su gobierno un rumbo «de constante adaptación» a la coyuntura de la crisis a escala mundial y su intención de mejorar en «eficacia».

¿Cómo? La presidenta se ha respondido a esta pregunta renovando las mismas prioridades que ya figuraban en su discurso hace un año, cuando fue nombrada para el cargo. Frases hechas del tipo «no dejar a nadie atrás» que ya colonizaban entonces sus intervenciones se volvieron a escuchar desde el atril del Palacete, donde ha comparecido visiblemente nerviosa, desplegando ese idéntico manual de buenas intenciones que prometió impulsar en agosto del 2019 y que puebla otra vez su catálogo de compromisos.

Preservar la salud, salvar empleos, perfeccionar el modelo de producción industrial, fortalecer el sector público, garantizar el mejor sistema educativo (con la pertinente salvaguarda sanitaria)... Nada nuevo. La única novedad reside en que afrontará esta tarea sin su mejor aliado, Francisco Ocón, su favorito de entonces. El estratega del exitoso modelo de bicefalia hoy fallido y de la insólita serie de victorias que permitió al PSOE recuperar el Palacete el año pasado, la mayor de una larga serie de éxitos electorales. Cuyo puesto como secretario general queda en entredicho, durante el año que queda, con el horizonte de un congreso al que los socialistas llegarán como solían: divididos radicalmente. Con su líder fuera de un Gobierno que tendrá ocho integrantes en vez de nueve. Y que pierde uno de sus emblemas: la paridad de géneros. Cinco hombres y tres mujeres. La figura de la presidenta ya no sirve para equilibrar esa desigualad.