Romero se escuda en el caso de Yolanda Díaz para negar que ella sea una tránsfuga

Entre los argumentos que ofrece Romero, figura que el texto invocado para expulsarle del Grupo Mixto, el Pacto por la Estabilidad Institucional, firmado entre formaciones políticas, «no tiene eficacia jurídica». Romero puntualiza que la calificación de «tránsfuga» podría aplicarse también a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, «que causó baja en IU en octubre de 2019 sin que por ello haya sido expulsada de su grupo parlamentario». Romero se refiere específicamente a la diputada de IU Henar Moreno para preguntarle «si considera tránsfuga a la vicepresidenta segunda o si es un calificativo que se asigna arbitrariamente en función de intereses políticos».

Romero asegura que no existe previsión alguna en el Reglamento de la Cámara en este sentido, por lo que considera que su expulsión del Grupo Mixto es incompatible «con la seguridad jurídica» y atenta contra su condición de diputada. Sostiene la antigua dirigente de Podemos que separarse o no de un grupo parlamentario no puede ser un castigo impuesto, sino una opción libremente asumida. De este modo, llega a proponer a Henar Moreno que sea ella la que, «si lo desea», se desligue del Grupo Mixto para quedarse como diputada no adscrita.

El recurso de Romero destila invectivas contra su antigua compañera de coalición, Henar Moreno, con la que compartió cartel electoral. Le recrimina haberse convertido en «juez y parte» y le reprocha tener «un interés directo en la aprobación». No obstante, en un escrito presentado ante la mesa, la sección de Izquierda Unida renunciaba a «cualquier incremento que pudiera corresponderle por la condición de no adscrita de doña Raquel Romero».

Romero solicita un informe al letrado mayor y reclama al presidente del Parlamento que revoque la decisión de la Mesa «por su manifiesta ilegalidad».