Rojas niega que Muñoz le diera órdenes para que los avales de Emfrisa tuvieran un trámite especial

Después de la devolución, ha reconocido que se reunió en su despacho con Muñoz, pero en ningún momento fue para hablar sobre este tema. No obstante, ha indicado que lo habitual era que el consejero, que era su superior, le llamara para que fuera él a su despacho, situado en el edificio de enfrente.

Rojas ha asegurado que desconocía si el extitular de Hacienda y A.G.R. tenían relación aunque, después de leerle su declaración ante la policía judicial y el juzgado de instrucción, en la que aseguraba que intuía que A.G.R. y Muñoz tenía alguna relación en torno a una empresa fotovoltaica, ha señalado que si lo dijo entonces, será así, aunque ahora no lo recordaba.

Preguntado por si los avales de Emfrisa llevaron el mismo procedimiento que otras sociedades ha dicho: «Entiendo que sí».

El funcionario, jefe de sección, que le explicó a Rojas el problema con los avales de la empresa fotovoltaica riojana porque eran de un banco venezolano, ha relatado que ese día, tras comunicarle a A.G.R. que no los aceptaban, Muñoz entró en el despacho de Rojas, al rato salió y «a los dos o tres días volvió a aparecer A.G.R. con otros avales». Estos últimos, procedentes de una compañía de seguros, fueron aceptados. En su declaración, en sede judicial, este mismo funcionario aseguró que en ese encuentro también estuvo presente el acusado A.G.R.

No obstante, este mismo testigo ha asegurado que Rojas nunca le comunicó que este expediente debía llevar una tramitación especial. Tampoco le dio una instrucción ni la recibió de Muñoz ni de sus jefes inmediatamente superiores para acelerar la tramitación de los mismos.

En la misma sesión, una funcionaria de Intervención ha descartado que sintiera presiones por parte del exconsejero, así como que el expediente de Emfrisa recibiera ningún trato de favor. «Se respetaron escrupulosamente todos los trámites legales», ha señalado. Del mismo modo ha negado que se acelerara el proceso.

Para cerrar la sesión, un ciudadano, que tenía propiedades en Torremontalbo, en concreto viñedos, se enteró, a través del BOR, del proyecto de Emfrisa de levantar un parque solar en ese municipio que ocupaba un camino público por el que él accedía a su terreno, se puso a investigar y el camino en cuestión no estaba desafectado y en el catastro a día de hoy sigue como camino.

El Ministerio Público acusa al extitular de Hacienda de estafa, blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la operación de traspaso de la sociedad Emfrisa y reclama cinco años y nueve meses de prisión y una multa de seis millones. Para la mujer de Muñoz, C.M.C., el fiscal reclama un pena de cuatro años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Para A.G.R. reclama una pena de cinco años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los mismos delitos que la anterior y para A.G.C. y I.M.A. pide tres y dos años de cárcel y multa de 3.000 euros para el primero y de 2.400 para el segundo por una supuesta estafa. Demandan también que entre todos indemnicen solidiariamente a Bellomonte en más de 1,6 millones de euros.