Ríos con Vida acusa al Gobierno regional de «desviación de poder» por intentar salvar La Retorna

Ríos con Vida solicita la «nulidad radical de pleno derecho del expediente cultural por manifiesta incompetencia del Gobierno de La Rioja e invasión de competencias estatales», al entender que La Retorna se encuentra en un «dominio público hidráulico estatal». Por eso considera, y cita una sentencia previa similar referida al azud de Xerta, que tanto el Ejecutivo riojano como cualquier ayuntamiento «carece de competencias para declarar su protección cultural o de patrimonio histórico».

La entidad, en cuya esencia está la preservación de los ríos, también acusa al Ejecutivo de «desviación de poder» porque la presa y sus instalaciones no pueden ser consideradas como algo «excepcional». «Instalaciones como estas jalonan nuestra geografía», explica en sus alegaciones, añadiendo que «cualquier carretera, edificio u otra infraestructura debería ser un monumento por la mera razón del paso del tiempo, del renombre de su autor [el ingeniero riojano Carlos Fernández Casado] o de su tipología». «Si todo vale, nada vale», sentencia AEMS-Ríos con Vida en su argumentario, antes de tildar a La Retorna de «obra menor de su proyectista», una «vulgar presa de hormigón como las que hay por decenas en España y por miles en el mundo».

También esgrime AEMS-Ríos con Vida la ubicación de la presa en Brieva y el alto Najerilla, un espacio protegido de la Red Natura 2000, para acusar al Gobierno riojano de no cumplir con las obligaciones europeas.

Pero más allá de la prolija argumentación jurídica con la que la entidad sostiene su argumentario, llaman la atención dos veladas advertencias. La primera, al entender que existe una obligación de demolición firmada por la Confederación Hidrográfica, con un coste estimado por encima de los 4,5 millones de euros que debería pagar la concesionaria, cita «hipotéticas responsabilidades», tanto patrimoniales como personales, que «no han sido tomadas en cuenta por los impulsores del expediente cultural, quizás mal asesorados al respecto».

Y, en segundo lugar, «a meros efectos informativos», expone un caso ya juzgado y que se cerró con condenas de inhabilitación para cargo público de siete y ocho años «a diversos altos cargos autonómicos» de Cantabria (incluido su expresidente Juan Hormaechea) por la declaración ilegal de una finca como BIC.

Por último, Ríos con Vida pide ser considerada parte en el proceso y solicita que se les notifique «la relación completa que identifique a todas y cada una de estas autoridades y personal que tomen o hayan tomado parte en la tramitación de este procedimiento», incluyendo a los miembros del Consejo Superior de Patrimonio.