60 riojanos han reclamado el pago de las sanciones del segundo confinamiento

El resto de las actuaciones fueron validadas por el TC y, por tanto, no procede la devolución de todas las sanciones de forma generalizada, sino exclusivamente aquellas relativas a prohibiciones que afectan a derechos y libertades fundamentales como, por ejemplo, los confinamientos perimetrales que pueden condicionar la libertad de circulación por el territorio nacional. «Todas esas sanciones deben retrotraerse y devolverse el dinero correspondiente», apunta Jorge Medel, director general de Justicia e Interior. «Lo que ocurre –añade– es que gran parte no se han llegado a incoar porque para entonces ya se había hecho público el fallo del Constitucional».

De las incoadas y tramitadas, apenas un pequeño porcentaje son susceptibles de devolución. Calcula que de los 16.512 expedientes sancionadores que se han podido terminar, solo entre 50 y 60 casos han solicitado la revisión y devolución del dinero.

A diferencia del Gobierno central que tramita de oficio la devolución, en este caso deben hacerlo los ciudadanos básicamente porque como las susceptibles de devolución son pocas, «el proceso no se puede hacer de forma tan generalizada como la Delegación del Gobierno».

Las sanciones se devuelven una vez que se revisa caso por caso porque en realidad son pocas las afectadas. Por ejemplo, señala Medel, el 90% se han impuesto por incumplimiento de llevar mascarilla y esa limitación no afecta a los derechos fundamentales, con lo cual, se mantienen en vigor.

Hasta el pasado lunes, como Dirección General de Justicia e Interior se han incoado 20.386 sanciones desde que decayó el primer estado de alarma. De estas, se han terminado 16.512, que representan el 81%, y se han llegado a recaudar 580.000 euros en vía voluntaria.

El afán recaudatorio, subraya, «es nulo». «Nosotros, como administración, lo que teníamos que hacer es velar por el cumplimiento de unas medidas sanitarias que desgraciadamente todavía están en vigor por una obligación de preservar la salud pública».