Dependencia
Al menos 81 riojanos murieron en 2023 a la espera de la prestación de dependenciaSecciones
Servicios
Destacamos
Dependencia
Al menos 81 riojanos murieron en 2023 a la espera de la prestación de dependenciaEl Observatorio de la Dependencia es uno de los termómetros más fiables para conocer la calidad y las deficiencias del sistema público que vela por los que más lo necesitan. Y en su vigésimo cuarta entrega, la imagen que ofrece de los recursos riojanos resulta ... moderadamente positiva, situando a La Rioja como la sexta región española con mayor nota.
En esta edición, se estudian especialmente tres aspectos relacionados con el 'Plan de choque para la mejora del sistema de la dependencia' impulsado por el Gobierno central. Se trata del incremento en el número de dependientes atendidos (durante 2023 La Rioja sumó 632 personas), la reducción de la denominada tasa de limbo (las personas con dependencia reconocida y que tienen reconocida una prestación que aún no reciben, que ha bajado en 531 personas, aunque en diciembre de 2023 todavía había 1.482 riojanos en lista de espera) y la creación de empleos relacionados con el sector (186 más).
Pero el informe va mucho más allá y siempre destaca una cifra: la de personas que murieron sin recibir asistencia. El estudio de 2023 para La Rioja las cifra en 256, casi cinco a la semana, pero la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, matiza esos datos: «Fueron 81 personas las que, tras ser valoradas, solicitaron una prestación o servicio y fallecieron durante la gestión, mientras que 140 solo fueron valoradas y luego no solicitaron nada, y otras 35, cuando la tuvieron asignada, la rechazaron».
632 Dependientes
más se atendieron en La Rioja, hasta llegar a 9.180.
10.646 personas
contaban en la comunidad con un derecho a prestación a 31 de diciembre.
14.615 personas
habían sido valoradas en La Rioja a finales del pasado año.
203 días
tarda un riojano en recibir una resolución tras pedir la dependencia, según el informe.
Ese grupo de personas que se somete a una valoración pero luego no da los pasos para plasmarla en la ayuda que les corresponde (teleasistencia, atención domiciliaria, prestación…) es el que preocupa a la Administración. «Estamos concienciando de que deben pedir un servicio. No solo se trata de recibir la valoración de dependencia», explica Zuazo. Por eso sobre la mesa está una modificación de la ley regional en la que se determine un plazo razonable de tiempo para ejercer ese derecho y, si no se tramita, sacar a la persona valorada de las listas.
Porque ese grupo, además de causar distorsiones estadísticas, provoca problemas en la gestión. Zuazo cita, por ejemplo, que según los datos regionales «las valoraciones en La Rioja tardan 53 días, como media, aunque lo normal es valorar en menos de un mes». «Si una persona está valorada pero no solicita un servicio se mantiene permanente en esa lista», añade para explicar mejor otro dato: los 203 días que, según el informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, tarda un riojano como media entre la solicitud de dependencia y la resolución.
Entre los datos más destacados del informe, además, se señala que casi 1.000 riojanos (concretamente 10.646) tenían derecho a una prestación y que el número de valorados en La Rioja ascendía a 14.615.
De estos, los que recibían una prestación económica por cuidado familiar apenas eran 1.231. «La Ley de Dependencia prioriza los servicios, que en La Rioja representan el 90%, explica Zuazo. A pesar de todo, la experiencia les ha demostrado que es necesario abrir el entorno del cuidado, hasta ahora pensado para hijos y cónyuges, a otras personas.
El sector de las residencias de ancianos y los centros de día vive momentos complejos en La Rioja. El Ejecutivo de Gonzalo Capellán decidió eliminar parte de las penalidades a las empresas gestoras de plazas públicas en el caso de incumplir las ratios de personal sanitario. Para justificar esta medida, se alegan las dificultades existentes de hallar esos perfiles profesionales sanitarios en el mercado.
Y esto ha generado un enorme malestar en la oposición política, en los sindicatos que han liderado manifestaciones, en los trabajadores del sector y en las familias.
Pero el sector mantiene otra gran demanda. Desde hace muchos meses, la subida de la inflación y de todos los costes ha llevado a las residencias a pedir la actualización de los precios de las plazas públicas (en las privadas pueden determinar, de acuerdo a los contratos firmados, las subidas). «Según la Ley de Contratos estatal no se pueden revisar los precios de las plazas públicas», indica la directora general Ana Zuazo. «No es que no queramos, es que no podemos», resume.
El actual contrato deberá regir los precios durante 2024 y el sector y el Ejecutivo ya mantienen reuniones para llegar a un nuevo acuerdo marco para residencias y centros de día. «Estamos trabajando en buena sintonía, con mucho diálogo», explica Zuazo. Pero mientras llega esa revisión, que debería estar en vigor en 2025, algunas residencias han empezado a recortar servicios que ofrecían a los familiares, por ejemplo, autobuses gratuitos para las visitas, porque alegan que las cuentas no les cuadran.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Carnero a Puente: «Antes atascaba Valladolid y ahora retrasa trenes y pierde vuelos»
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.