El riojano Sáenz de Cosculluela, entre los exministros socialistas contrarios a los beneficios para los condenados del 'procés'

La ADVT rechaza «las actuaciones del Gobierno cuyo propósito es obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución» y explican que «cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente».

Desde la asociación insisten en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no mencionó» la modificación de los delitos «en su discurso de investidura», ni tampoco fue «un compromiso electoral» ni un «acuerdo posterior con Unidas Podemos». Asimismo, remarcan que la UE «no ha exigido reformar el delito de sedición» y «no es cierto» que el cambio sea para «equiparar la legislación española» con la europea.

El riojano Javier Saénz de Cosculluela, exministro de Obras Públicas y exportavoz del Grupo Socialista; César Antonio Molina, exministro de Cultura; Julián García Vargas, exministro de Defensa y de Sanidad; Virgilio Zapatero, exministro de la Presidencia y catedrático; y José Luis Corcuera, exministro de Interior se encuentran entre los más de 300 firmantes de este manifiesto.

También hacen lo propio exdiputados socialistas como Nicolás Redondo o Francisco Vázquez, además de embajadores, exsecretarios de estado o exmagistrados del Tribunal Constitucional.

«Reclamamos la retirada inmediata de los artículos de la Proposición de Ley Orgánica en todo lo que se refieran a los delitos de malversación y sedición y requerimos la urgente tipificación de un delito contra la Constitución con las penas recogidas en Europa para evitar un vacío legal que pueda dividir aún más la convivencia democrática», reza la parte final del manifiesto difundido por la ADVT.