Cada riojano debería pagar 5.300 euros para dejar a cero la deuda regional

El endeudamiento se mantiene en registros históricos como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El pico llegó hasta los 1.699 millones de euros, 91 millones más que los registrados al término de 2019, último año de normalidad antes de la crisis sanitaria y económica. Al cierre del tercer trimestre eran 1.650 millones, 44 millones menos respecto a la cifra contabilizada entre abril y junio.

La pregunta que cabe hacerse es si este volumen de pasivo en las arcas regionales es peligroso. «En sí misma, la deuda pública no es ni buena ni mala», responde como primera premisa el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Rioja, Fernando Antoñanzas. Según su análisis, «depende de por qué se ha generado y en qué se invierte». Así, «si es para gastar en cosas sin sentido, éticamente no es bueno cargar a las futuras generaciones con esos gastos innecesarios en el presente de los que no nos responsabilizamos». «Ahora bien –continúa–, si lo que hacemos es pedir dinero que no tenemos para hacer un gasto que mejore el futuro de la región, por ejemplo, un puente, una carretera, un hospital, etcétera, que utilizarán también futuras generaciones, en principio sería bueno». En resumen, «si la deuda se incrementa porque estamos invirtiendo en ese futuro no sería malo», pero «el problema –precisa el experto- es gastar en proyectos que se sabe que no van a generar mayor rentabilidad en el futuro».

Dicho esto, Antoñanzas reflexiona sobre los fondos europeos –140.000 millones de euros para todo el país, «de los que la mitad se tendrán que devolver»– y las cuatro grandes estrategias (PERTE) que el Gobierno regional se ha propuesto desarrollar a su abrigo en torno al sector del envase y el embalaje, el español, el enoturismo y la digitalización para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios con independencia de su lugar de residencia. El catedrático de la UR cuestiona si «todo este dinero se está invirtiendo de manera que vaya a generar una rentabilidad social y económica en el futuro», porque «si ese análisis se ha hecho, no se ha dado a conocer públicamente».

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, aclara que todos los proyectos que ya están presentado las empresas en cada uno de estos cuatro PERTE van acompañados de un informe de «viabilidad» y matiza que del dinero que hasta el momento ha recibido La Rioja de la financiación europea «no vamos a tener que devolver ni un euro».

En este sentido, detalla que el Gobierno de España solo ha solicitado a la UE la mitad de las transferencias previstas de Bruselas, esto es, los 70.000 millones de euros que son «a fondo perdido». De ellos, la mitad «los gestionaremos las comunidades autónomas» y subraya que La Rioja destinará esa financiación (ya se han recibido 112 millones) a «reactivar la economía apoyando a las empresas y a las inversiones y, sobre todo, a favorecer la creación de empleo de calidad».

Asimismo, el consejero añade que al tratarse de un dinero a fondo perdido, «además de no devolverse, no va a suponer tampoco un incremento» del endeudamiento de la administración autonómica. Que, en todo caso, «se mantiene dentro de los límites, porque podíamos llegar a 1.782 millones y le puedo adelantar que cerraremos 2021 con una deuda de 1.652 millones de euros». Lo que a su juicio evidencia que «somos muy ortodoxos con las cuentas públicas».

Para González la senda peligrosa «nos la dejó el Gobierno del PP. En 1995, la deuda era de 133 millones, y desde 2015 hasta el segundo trimestre de 2019, pasó de 1.436 a 1.717 millones», 65 millones por encima de la estimación que hace para todo el ejercicio 2021. En este sentido, enfatiza que el endeudamiento con el Ejecutivo de Cocha Andreu «ha crecido muy poquito» y añade que, «desde que llegamos al Gobierno lo que estamos haciendo es amortizar deuda y también refinanciándola, de forma que tipos de interés que estaban por encima del 5% los conseguimos dejar en el 0%, lo que nos permite ahorrar con ello un dinero increíble».

Esta contención del pasivo es una buena noticia, sobre todo si se amplía el análisis de los datos a lo ocurrido en la última década. La deuda pública se situaba en 2010 en 726 millones de euros, por lo que a lo largo de estos diez años –la mayor parte de ellos condicionados por la anterior recesión provocada por el colapso del sistema financiero–, el endeudamiento público de la comunidad ha crecido el 127,7%.

Esta progresión también ha impactado en otros dos indicadores. Por ejemplo, el que mide la riqueza generada anualmente por la economía en la región. El peso de la deuda sobre el PIB ha pasado en la última década del 9,1% al 20,7%.

Otra referencia es la renta media por persona del INE para, sobre ella, calcular el esfuerzo que tendrían que hacer los riojanos de forma individual si se decidiera saldar esta deuda y dejarla a cero: si en 2010 (10.756 euros de renta promedia), cada ciudadano tenía que aportar 2.269 euros, en 2020 (13.504 euros), la cuantía se había más que duplicado hasta rozar los 5.300 euros. Es decir se habría pasado de tener que destinar el 21% de la renta media anual por persona al 39,3%. Teniendo en cuenta además que este parámetro solo ha crecido en la última década el 25,5%, cinco veces menos de lo que ha aumentado el endeudamiento de la administración regional.