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El pacto con el PNV que sirvió a Pedro Sánchez para que prosperase su investidura incluye, en su punto número dos, la promesa a la formación nacionalista de «evitar la judicialización» de los conflictos políticos, unas potenciales discrepancias que los firmantes (el propio ... Sánchez por el PSOE, Andoni Ortúzar, como máximo dirigente del PNV) prometen encauzar sin recurrir a los tribunales. Un compromiso que, según las fuentes consultadas por Diario LA RIOJA en el Gobierno riojano, no condicionaría nunca su estrategia, en caso de agravios como los sostenidos en el pasado a causa de la deslealtad fiscal de la región vecina. Aquel conflicto acabó en el ámbito jurídico, incluyendo la jurisdicción europea, vía a la que tampoco renunciarían en el Palacete.
Estas mismas fuentes recuerdan que en este tipo de acuerdos se adoptan una serie de compromisos que tienen bastante de «generalidades». «No son brindis al sol, pero casi», añaden en declaraciones a este periódico. De ahí su tranquilidad ante un pacto que, en su opinión, nunca lesionaría los intereses de los riojanos. «La Rioja no va a dejar de ser reivindicativa cuando tenga que serlo», subrayan las fuentes consultadas. «Lo seguirá siendo el Gobierno y lo seguirá siendo el PSOE», agregan.
PSOE y EAJ-PN, conscientes de la necesidad de proceder urgentemente a la constitución de un Gobirno, convienen en firmar el presente acuerdo, comprometiéndose EAJ-PNV a votar farovablemente la investidura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como presidente del Gobierno y comprometiéndose, a su vez, el candidato y el Gobierno que se forme a:
Punto 1. Mantener una comunicación fluida y constante con EAJ-PNV, dando a conocer con antelación suficiente los proyectos e iniciativas que el Gobierno desee impulsar, comprometiéndose, además, a llegar a un acuerdo satisfactorio en caso de discrepancia.
Punto 2. Mantener una comunicación fluida con el Gobierno vasco en aras a evitar la judicialización de las discrepancias, que debe ser sustituida por el acuerdo político.
Punto 3. Proceder en 2020 a la negociación y traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) de las competencias estatutarias pendientes. Asimismo, se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la CAV.
Punto 4. Impulsar a través del diálogo entre partidos e instituciones las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia.
Punto 5. Apostar de manera urgente, firme y decidida por las infraestucturas correspondientes al Estado en la CAV y, especialmente, por lo relativo al TAV, incluido el cronograma de trabajos y los compromisos complementarios ya cerrados con el Gobierno del Estado.
Punto 6. Cumplir con los acuerdos pendientes de los acuerdos suscritos por EAJ-PNV con el Gobierno del PP en diferentes ámbitos, compromiso ya adquirido por el candidato en el trámite de la moción de censura de 2018.
Punto 7. Impulsar la construcción europea y la presencia y participación de las instituciones vascas en las instituciones de la Unión.
Punto 8. Impulsar decididamente la industria y compensar su adecuación a la transformación energética con el mantenimiento de la actividad económica y el empleo, posibilitando una transición realista y protegiendo los puestos de trabajo afectados por estos cambios.
Punto 9. Acordar previamente con EAJ-PNV las medidas fiscales que el Gobierno quiera proponer a las Cortes comunicación fluida y constante con EAJ-PNV, así como encauzar las discrepancias que puedan producirse en las relaciones en el ámbito fiscal o el financiero establecidas en el Concierto Económico.
Punto 10. El proceso de determinación de los objetivos de déficit correspondientes a la CAV y a la CFN, así como el de los criterios de reinversión del superávit de las entidades locales, diputaciones forlaes y gobiernos en sus respectivos territorios se realizará con la participación y en el marco de las comisiones mixtas de concierto y convenio.
Punto 11. Abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural.
Punto 12. Modificar, con el acuerdo de EAJ-PNV, el contenido de los conocidos como decretos digitales de manera que sean resueltas las discrepancias sobre los mismos manifestadas en el ámbito parlamentario.
En este punto, apuntan a la gestión que distinguió al PSOE de La Rioja durante las controversias entre regiones, vinculadas a conflictos desatados no por discrepancias políticas, sino por actos ilegales como las normas fiscales adoptadas desde el Gobierno vasco y las diputaciones que Europa acabó condenando, obligando al Estado español a devolver las ayudas. En su opinión, en esa trayectoria de defensa de la autonomía regional debería incardinarse toda estrategia futura si hubiera riesgo de colisión entre los intereses de los riojanos y los que defiende la región vecina, «aunque no creemos que vaya a hacer falta». A juicio de estas fuentes del Gobierno, la etapa de moderación que distingue al actual PNV garantiza a corto y medio plazo una convivencia menos tensa que la vivida mientras duró el litigio por las desaparecidas vacaciones fiscales.
Aquel episodio enrareció las relaciones entre ambas Administraciones, salpicando de paso las que mantiene La Rioja con Navarra, cuyo Gobierno también protagonizó su propia política de ventajas fiscales para los vecinos de la región foral. Normalizada la relación de vecindad, hoy se observa desde La Rioja una pretensión común de evitar polémicas que incluye a las posibles derivadas de este acuerdo con PSOE-PNV que reserva al Gobierno vasco alta autonomía tributaria, como se recoge en el apartado número 9. «Todos hemos aprendido algo de aquella polémica», advierten desde el Palacete, donde declinaron ofrecer una respuesta institucional al pacto alegando que se trata de un acuerdo entre partidos.
Extraoficialmente, la versión que llega desde el Gobierno se ampara en la ambigüedad inherente a este tipo de documentos para sentirse a salvo de posibles interpretaciones que cuestionaran su margen de maniobra. También se recuerda que incluso el Gobierno de José María Aznar dio en 1999 por zanjado el conflicto con la llamada 'paz fiscal' y se lanza este aviso: «En caso de conflicto, usaríamos todas las armas que nos da la ley, incluyendo ir al Constitucional».
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