La Rioja ya tramita 227 solicitudes de la tarjeta monedero alimentaria

La resolución 3/2024, de 18 de junio, de la Dirección General de Servicios Sociales, publicada en el BOR dos días después, fijó el primer día de julio para la activación de un programa que, además de sumar nuevas quejas por sus deficiencias y escasez de cobertura –excluye al 88% de las 4.000 familias (14.800 personas) del Operativo FEAD (Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas), vigente hasta diciembre del pasado año, porque solo contempla a los núcleos familiares en pobreza severa con menores a cargo–, avanza con lentitud debido al meticuloso proceso de comprobación de requisitos para la acreditación de los beneficiarios y su posterior derivación a Cruz Roja, entidad encargada por el Gobierno de España para la gestión este 2024 de un modelo que deben asumir en solitario las comunidades en enero próximo.

«Este año, nuestra obligación es la identificación de los beneficiarios, su acreditación y la posterior derivación a Cruz Roja», aclara Marta Gómez, directora general de Servicios Sociales, quien desgrana los datos regionales del programa a 24 de julio: han sido atendidas 227 solicitudes de posibles beneficiarios (incluidas 40 de personas en situación administrativa irregular), y de ellos, 167 están en fase de acreditación y 60 ya han sido acreditados y derivados a Cruz Roja. «Habríamos llegado ya a la mitad del total de familias beneficiarias estimadas en la comunidad, unas 450, con 1.800 usuarios totales», concreta Marta Gómez, quien recuerda que la partida estatal destinada a La Rioja asciende a 475.879 euros hasta el 31 de diciembre. «Ese dinero va a llegar a esas 450 familias que cumplan los requisitos, pero es probable también que mucha gente que cumpla las condiciones se pueda quedar fuera, pero eso todavía no lo podemos adelantar, porque no tenemos todos los datos todavía», añade.

El procedimiento no es ágil. Son los trabajadores sociales de las entidades locales (ayuntamientos) los que, tras sus comprobaciones, deben derivar a los posibles beneficiarios al centro de coordinación de Servicios Sociales, reforzado con la contratación de dos trabajadoras sociales a tiempo completo y con dedicación exclusiva al programa. Recibida la solicitud, se inicia el proceso de acreditación con el análisis de la documentación aportada y el cumplimiento de los requisitos. Sí todo es correcto, el beneficiario es derivado a Cruz Roja, donde, tras algunas comprobaciones añadidas se pide al usuario que designe el supermercado –Alcampo, Eroski o Carrefour– donde desea adquirir sus productos. La entidad contacta con el comercio señalado para solicitar la tarjeta, que llegará en dos o tres días a Cruz Roja para su entrega al destinatario, ya cargada con el dinero que le corresponde –entre 130 y 220 euros mensuales, según el número de miembros de la familia–.

«El proceso no es sencillo porque hay muchas ayudas de distintos organismos y a algunas no tenemos acceso, en el caso de personas en situación administrativa irregular nos tenemos que fiar de lo que ellos nos dicen, hay personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital y no cumplen los requisitos, otras que tienen trabajo y nómina pero están en pobreza severa... El abanico es enorme», señala Noemí Matute, una de las dos trabajadoras contratadas por la Consejería de Salud y Políticas Sociales para reforzar la puesta en marcha del programa, quien calcula que «acreditamos a unos 10 usuarios al día de la veintena de derivaciones diarias nuevas que nos llegan. Acreditar cuesta, debido a errores en las solicitudes que hay que corregir y, a continuación, cuando toda la documentación está completa debemos comprobar los datos económicos y si se cumplen los requisitos para la derivación final a Cruz Roja».

«El modelo, en el fondo, está muy bien, en eso estamos todos de acuerdo, porque dignifica la recogida de los alimentos que necesitan estas familias, pero excluye a muchos vulnerables y ha fallado su implantación, ha sido todo un despropósito», tercia la directora general, que desvela que «todavía siguen los grupos de trabajo entre las comunidades y el ministerio, el 16 de julio hubo una reunión, porque sigue habiendo muchas dudas sobre determinadas cuestiones. Hemos tenido que ir requiriéndole al Gobierno de España aclaraciones constantes por las contradicciones que había, incluso entre los dos ministerios implicados», se queja Marta Gómez, quien, además, incide en las carencias del nuevo sistema. «Ya le advertimos que con este modelo no se puede llegar a todas las personas vulnerables. De hecho, 13,000 de las 14.800 usuarios que recibían alimentos en La Rioja quedan excluidos de este paraguas. Todas las comunidades preguntamos si se nos iba a ayudar con la financiación para atender a todo ese colectivo vulnerable, pero la respuesta ha sido siempre nula», critica, para, frente a ello, defender la decisión del Ejecutivo regional de Gonzalo Capellán, que ultima la rúbrica de un convenio con el Banco de Alimentos por 185.000 euros. «Ninguna persona que esté en la comunidad en pobreza severa o en vulnerabilidad se va a quedar sin alimentos, aunque tengamos que hacerlo nosotros solos y de la manera que sea», concluye la responsable de Servicios Sociales, quien, junto a sus homólogos de otras regiones, aguarda respuesta –«Ni han contestado», avisa– a la solicitud de seis meses de prorroga planteada, ante un programa con demasiadas dudas que desde enero próximo sería competencia exclusiva de las comunidades autónomas.