La Rioja sube un 44% el precio de venta de la VPO para impulsarla

El consejero de Política Local e Infraestructuras, Daniel Osés ha explicado que esta revisión afectará sólo a las nuevas construcciones, con el objetivo de «impulsar» la VPO tras una década (2013-2023) en la que apenas se han calificado algo más de 40 viviendas, a pesar de que existe una importante demanda de vivienda en la región, tanto en propiedad como en alquiler a precios razonables.

Osés ha indicado que la medida se ha aprobado tras escuchar a «los agentes sociales» y que va en la misma dirección «que ya han tomado otras comunidades autónomas».

En Logroño, el precio máximo de venta del metro cuadrado para la obra nueva será de 1.718 euros para las promociones privadas y de 1.430 euros para las públicas; importes inferiores, en general, a otras localidades del entorno. En el resto de La Rioja, el precio máximo de venta del metro cuadrado será de 1.590 euros para edificaciones privadas y de 1.315 euros para las públicas. Estas cuantías se mantienen en el caso de las segundas transmisiones de VPO.

En el caso de la obra nueva que se destine al alquiler, se contemplará un precio máximo de renta de 6,44 euros y 5,96 euros por metro cuadrado en Logroño y el resto de La Rioja, respectivamente, incluyendo los anejos vinculados a la vivienda. Con la entrada en vigor de esta resolución, los alquileres de las VPO ya existentes mantendrán un precio máximo de renta igual que el vigente, pero incorporarán la proporción correspondiente al garaje y trastero en la renta mensual.

Por otro lado, el consejero ha aclarado que esta actualización «en ningún caso afectará a las viviendas de protección oficial ya calificadas, que mantienen sus precios máximos de venta y renta vigentes».

El consejero ha recordado que en la última década se ha producido un «desplome» de la promoción de VPO en La Rioja. Entre 1990 y 2013 se calificaron 15.879 viviendas, en régimen de venta mayoritariamente, mientras que desde octubre de 2013 hasta la actualidad se han calificado un total de 41 viviendas, en cuatro promociones diferentes.

A su juicio, ha habido diferentes causas que han hecho «inviable y prácticamente inexistente» la construcción de esta modalidad de vivienda desde 2013 «a los precios máximos establecidos, que hoy siguen intactos».

Entre ellas, ha destacado el «importante incremento» del coste de la edificación por el encarecimiento de los materiales, el desabastecimiento provocado por la covid-19 y la intensificación de la demanda en la reactivación económica. A ello, hay que sumar la subida del precio de la luz, de los transportes y la mano de obra.

Del mismo modo, las exigencias europeas de eficiencia energética para reducir la huella de carbono, así como las mejoras en las edificaciones incorporadas al Código Técnico de la Edificación y al valor del suelo, hacen necesario adaptar el precio de compra y renta de la vivienda de protección oficial.