La Rioja reclama 9 millones de euros de ayudas sociales cobradas indebidamente

Ahora bien, a pesar del abanico de ayudas económicas que se dividen en tres grandes grupos: dependencia, renta de ciudadanía y prestaciones no contributivas, lo cierto es que no siempre se hace buen uso de ellas. De hecho, en los últimos cinco años, de 2019 a 2023, La Rioja ha reclamado la devolución de 9,1 millones de euros que los beneficiarios han cobrado indebidamente. Un juego de palabras que puede resultar un eufemismo en el caso de que esos fondos se hayan usado de forma fraudulenta, pero que tiene sentido cuando, como explican desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales, se han estado percibiendo de forma simultánea dos prestaciones incompatibles durante el periodo de tramitación de una de ellas.

De hecho, precisan en el departamento que dirige María Martín, «no existe fraude alguno en la mayor parte de los expedientes en los que se exige la devolución». En la mayoría de los casos se solicita el reintegro de la prestación por la incompatibilidad de dos ayudas, algo que ocurre, sobre todo, con la renta de ciudadanía. Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan, al mismo tiempo, renta de ciudadanía y el ingreso mínimo vital (IMV) o los que reciben ya la primera piden, además, el IMV para incrementar sus ingresos porque las cuantías de esta última son superiores. Una vez que se concede esta prestación se reconocen también las mensualidades devengadas desde la solicitud, periodo que puede superar el año, y es en ese momento en el que desde el servicio de Prestaciones se exige el reintegro de lo cobrado por renta durante los meses coincidentes.

El 2020 fue el año en el que más se dieron estos supuestos. La razón es que fue el de implantación del IMV y las cifras, tanto de expedientes como de cantidades reclamadas, así lo reflejan. Entonces se pidió la devolución de algo más de 3,6 millones de euros, cuatro veces más que en 2019. Los años siguientes, prácticamente, lo reclamado se redujo a la mitad, aún así de los 9,1 millones totales devueltos, 8,1 han sido de mensualidades de renta indebidamente cobradas. Dicho de otro modo, prácticamente nueve de cada diez euros reclamados habían sido abonados a través de esta prestación.

El ingreso mínimo vital se introdujo en 2020 por Real Decreto–ley, en un contexto de exigencia y necesidad a consecuencia de la pandemia. Es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. En julio de 2024, según las estadísticas de la Seguridad Social, 4.353 riojanos percibían una ayuda que no ha estado exenta de críticas. Cáritas ha lamentado en varias ocasiones que tanto esta prestación como la renta de ciudadanía «no están contribuyendo a que un número significativo de personas salgan de la exclusión social».

No siempre ocurre que se solapen dos ayudas incompatibles. En otros supuestos, aunque los menos, el beneficiario cobra la prestación de forma irregular. En algunos de estos casos, el perceptor de la ayuda ha comenzado un trabajo por cuenta propia o ajena y no lo ha comunicado a la administración. En otros, obtiene ingresos que no han declarado en la solicitud ni tampoco lo han comunicado. Se dan casos de percepciones indebidas por el acceso a servicios incompatibles, como ocurre con las prestaciones de dependencia, o porque se deja de reunir uno de los requisitos que justifican el pago de la ayuda. Ocurre también que no se cumplen las obligaciones que se imponen para cobrar la prestación como, por ejemplo, no acudir a los cursos formativos o rechazar un empleo adecuado cuando se está percibiendo la renta de ciudadanía. Otro de los supuestos es que no se están prestando los cuidados adecuados en el caso de la dependencia.

De todas formas, las ayudas que se reciben gracias a la Ley de Dependencia son las que menos se han cobrado de forma incorrecta o fraudulenta. A lo largo de los últimos cinco años se han abierto 181 expedientes, el año que más fue 2021, con 59, y durante todo este tiempo se han reclamado poco más de 90.000 euros.

La Ley de Dependencia fue aprobada en 2006, impulsada por el ministro Jesús Caldera durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. En un primer momento, la nueva norma preveía favorecer a los enfermos más graves y a sus cuidadores para continuar con los que sufren patologías más leves. La ampliación de los beneficiarios se traduciría en un aumento paulatino de los presupuestos. Han transcurrido 18 años de su aprobación y, a día de hoy, la aplicación de la ley tiene más luces que sombras.

En La Rioja, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, a 31 de julio pasado había 10.696 beneficiarios con derecho a prestación y 9.265 con prestación efectiva, unas 1.600 más que en diciembre de 2020. Y en todo 2023, según el observatorio de la Dependencia, La Rioja atendió a 632 nuevas personas dependientes, el 7,39% más que en 2022. No obstante, se quedó por debajo de la media del resto de comunidades, en las que se incrementó el 7,49%. También disminuyó la lista de espera de personas «desatendidas» hasta situar su limbo en el 15,97%. La nota más triste es que entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 fallecieron en esta región 256 personas en lista de espera sin poder ser atendidas.

A las prestaciones por dependencia, en la clasificación tanto de expedientes como de cantidades reclamadas, le siguen las no contributivas, es decir, aquellas a las que tienen derecho las personas que no disponen de ingresos suficientes para mantener un mínimo nivel de vida. El umbral de renta o ingresos en 2024 está establecido en 7.250,60 euros anuales. En este caso, durante el mismo lustro analizado 2019-2023 se abrieron 485 expedientes que dieron lugar a la reclamación de 912.202,96 euros.