La Rioja reclama exenciones fiscales al agro por la sequía

Eva Hita, a quien han acompañado también en el encuentro la secretaria general técnica de la Consejería de Agricultura, Milagros Pérez; la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana; y la directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, ha explicado que las propuestas trasladadas al Ministerio recopilan las demandas aportadas tanto por el Gobierno regional, como por las organizaciones profesionales agrarias y Fecoar, y que se engloban en las medidas a adoptar en el marco de un Real Decreto Ley de Sequía, en el ámbito del Plan Estratégico de la PAC y otras complementarias.

En relación al marco del Real Decreto Ley de Sequía, La Rioja demanda medidas fiscales y laborales, entre otras la exención de las cuotas de Seguridad Social agraria en un espacio temporal de 12 meses para los titulares de explotaciones agrarias cuyas producciones se hayan visto afectadas por la sequía. Ese periodo se vería aumentado a dos años para aquellos jóvenes incorporados a la actividad agraria en los últimos cinco ejercicios. Además, se solicita la reducción este año del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva en el impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas. Y se reclama que, en la reducción del método de estimación objetiva del IRPF para 2022 para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, se reduzca también para uva al 0,22, bien en el ámbito nacional, o al menos para los municipios de la DOCa Rioja de La Rioja.

Asimismo, se solicita la exención del impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica a los titulares de explotaciones durante los dos siguientes periodos, para aquellas explotaciones que se hayan visto más afectadas por la sequía, así como las exenciones en el impuesto de trasmisiones patrimoniales (ventas o trasmisiones de fincas rústicas, contratos de arrendamientos y trasmisiones parciales o totales de explotaciones agrarias) y en el de sucesiones y donaciones (adquisiciones de explotaciones agrarias).

Como trasladó el sector agrario en la pasada reunión, La Rioja también reclama al Ministerio que se considere la sequía como causa de fuerza mayor en solicitudes de ERTE por parte de empresas del sector, tanto a agricultores individuales como a entidades asociativas. Además, se han reclamado exenciones en las cuotas de tarifas del agua.

Respecto a las medidas económicas, se ha trasladado al Ministerio de Agricultura la petición de financiación de préstamos bonificados; la financiación de avales Saeca (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria), además de ayudas directas a los titulares de explotaciones para asegurar las rentas.

En relación a las medidas en el ámbito del Plan Estratégico de la PAC, el Gobierno de España ya ha trasladado a la Comisión Europea que se aumente el porcentaje del anticipo de las ayudas directas de la PAC al máximo posible en la regulación.

Desde la Comunidad Autónoma de La Rioja se han solicitado también una serie de flexibilidades en relación a la aplicación de los eco-regímenes del Plan Estratégico de la PAC.

La Consejería de Agricultura ha informado, además, de que el Fondo Español de Garantía Agraria va a emitir una circular en las próximas fechas para que habilitará a las Comunidades Autónomas para adoptar flexibilidades en su territorio por causa de fuerza mayor en el marco de sequía.

Asimismo, la Consejería de Agricultura ha trasladado al sector que se está debatiendo que se amplíe el plazo para la entrada en vigor del Cuaderno de Explotación.

Respecto a las medidas complementarias al Real Decreto Ley, desde la comunidad autónoma se ha solicitado la movilización de fondos europeos extraordinarios por motivos de la sequía. Asimismo, se ha reclamado la declaración de sectores estratégicos prioritarios la ganadería, y el sector del champiñón, por la dependencia que tienen de materias primas.

En cuanto a las medidas relacionadas con el seguro agrario, se ha demandado la mejora de las condiciones de indemnización del seguro de sequía, la tasación y pago de los daños con carácter urgente. Además, se ha instado a Agroseguro a asumir el compromiso de agilizar las peritaciones para que la tasación y pago de los daños se realice a la mayor brevedad desde que se comunique el siniestro. En paralelo, se ha requerido la revisión integral de la cobertura de sequía en líneas ganaderas y admitir que los cultivos con cobertura del riesgo de sequía puedan ser aprovechados por el ganado.

Finalmente, también se ha reclamado la consideración de la sequía como causa de fuerza mayor a los efectos del cumplimiento de los planes empresariales, de establecimiento de jóvenes, de la calificación de explotación agraria prioritaria o de otro tipo de medidas.