La Rioja pierde 1.500 autónomos mientras los funcionarios crecen en 5.000 en una década

Hay varias razones para explicar esta inercia distinta. En el crecimiento de los trabajadores dependientes de las administraciones ha tenido mucho que ver el 'boom' de las contrataciones a raíz de la pandemia para reforzar las plantillas en los ámbitos de la educación, la sanidad o los servicios sociales. Y en este sentido, las ofertas públicas de empleo (OPE) siguen convocándose –199 plazas, por ejemplo, en el Servicio Riojano de Salud y tras el verano se conocerán las de educación–. Sin embargo, el covid tuvo un efecto demoledor en el tejido empresarial, en los establecimientos y comercios de menor tamaño, en las industrias y empresas con menos músculo económico.

Las ayudas no llegaron a todos los autónomos y muchos optaron por bajar la persiana sin intención ni posibilidad de volver a abrirla, además a un buen número de quienes sí recibieron esas ayudas se les ha obligado a devolverlas o tienen aún créditos pendientes que les están complicando su día a día, más allá de las subidas de los precios de los alquileres, de las materias primas en función del tipo de actividad o de los servicios de gas y luz aunque ahora ya parezcan lejanos en el tiempo.

La sangría en el colectivo de trabajadores por cuenta ajena se ha cebado sobre todo en el comercio, tanto al por mayor como al por menor, con la pérdida de casi mil autónomos entre julio de 2015 y julio de 2024 pero también en la industria manufacturera, que tiene ahora 600 profesionales menos. El sector agrario y la hostelería también han visto cómo por el camino se han quedado, en ambos casos, en torno a 200 empresarios y emprendedores. Fernando Melchor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en La Rioja, espera que la Administración tome nota de esta evolución en función de la actividad «para establecer una estrategia completa. No es lo mismo emprender en zonas rurales que en la ciudad, según el lugar se podrá hacer un desarrollo distinto de la actividad y así establecer los incentivos adecuados y poder optimizar mejor las ayudas que se conceden».

Frente a esta pérdida de profesionales autónomos destaca el notable incremento de empleados públicos en la última década, hasta el punto de que una de cada cuatro nuevas afiliaciones a la Seguridad Social –ahora hay 20.000 más que en 2015– corresponde al colectivo de funcionarios. El mayor aumento de trabajadores ha llegado en la Administración regional, «porque la Comunidad Autónoma de La Rioja ha ido adquiriendo cada vez más competencias y necesita un mayor número de profesionales para atender estos servicios», argumenta Francisco Gallardo, secretario de Acción Sindical de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

De hecho, según las afiliaciones a la Seguridad Social, ahora hay casi 14.500 trabajadores dependientes del Gobierno regional cuando hace una década la cifra no llegada a 10.000. En cambio, los aumentos de la Administración General del Estado y en los ayuntamiento son menores –410 y 47 profesionales más, respectivamente–.