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El desencuentro entre el Gobierno central y las aseguradoras privadas que hasta ahora deben (y seguirán haciéndolo, al menos durante los próximos nueves meses) dar ... cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios a través de Muface ha llegado a las comunidades autónomas. En La Rioja, los afectados son unas 10.500 personas, de los que unos 6.300 son docentes, unos 1.700 trabajadores de la Administración General y el resto, beneficiarios (hijos, cónyuges...).
El lunes, consejeros de comunidades gobernadas por el PP, como Cantabria, Murcia o Aragón, mostraban su malestar y alguno, como el murciano, llegaba a rechazar los gastos si el Ejecutivo central no los financia. Ayer, a preguntas de este medio, el Gobierno de La Rioja aseguraba encontrarse falto de información y que la recogida en los medios «contradice lo que traslada el Ministerio de Función Pública y el de Sanidad sobre la continuación de la negociación con Muface».
Por esta razón, pide al Ejecutivo de Sánchez «no sembrar dudas innecesarias» y que la situación de la mutualidad «sea debatida en primer lugar en el Consejo de Ministros y, cuando haya una postura común y única, se comunique».
Además, La Rioja insta al Ministerio a que convoque a todas las comunidades para informar «con detalle y rigor sobre este asunto, sobre todo en los relativo al déficit de profesionales y a la financiación de las medidas».
Mientras, entre los sindicatos regionales, las opiniones son muy diversas. En el caso de CSIF, su presidente Jesús Vicente Hernández asegura que la situación es «preocupante» tras conocerse el informe del Ministerio de Sanidad en el que se indicaba que el sistema público podría acoger a los mutualistas con la aportación de 2.726 millones de euros ofrecidos y rechazados en la negociación por las aseguradoras privadas. «Ahora la Seguridad Social está colapsada y ofrece una atención nefasta. Si llegan 10.500 personas más al sistema, va a ser tremendo para todos», incide. Para Hernández hay graves problemas, como la nula interconectividad entre los sistemas, que dejaría a los recién llegados «sin historia clínica». «Existe una enorme preocupación y desde CSIF abogamos por que se siga financiando Muface suficientemente para seguir dando la asistencia actual», dice.
Mientras, desde UGT, Fernando Domínguez, secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos, considera que debe primar la cautela. «El Gobierno va a volver a sacar la licitación y la prestación para los miembros de Muface está garantizada y se puede prorrogar», analiza. «En ningún momento el Gobierno ha dicho que vaya a desaparecer», insiste.
En este sentido, Domínguez asegura que con «la generación de incertidumbre se está haciendo política» y que el informe conocido el lunes habla de una hipótesis de desaparición «en la que las comunidades recibirían esa transferencia, teniendo a su disposición más recursos». «Si dicen que acaban con ella, entonces sería el momento de movilizarse, pero actualmente nos encontramos en un compás de espera», apunta.
Este miércoles, CC OO y UGT han pedido «que el Gobierno trabaje con rapidez para lanzar una nueva licitación que pueda ser ajustada al mercado y que las compañías aseguradoras actúen con la responsabilidad que corresponde en un sector tan sensible para todas las personas como es la salud». Los dos sindicatos, en una nota de prensa común, explica que su objetivo es que «las y los mutualistas gocen de la mejor prestación sanitaria posible, al igual que el resto de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y por ello apela tanto al esfuerzo del Gobierno como a la responsabilidad social de las compañías aseguradoras sanitarias».
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