No sólo eran defectuosas y La Rioja tuvo que bregar con un pedido que no cumplía mínimamente los requisitos para los que habían sido adquiridas, sino que a día de hoy la Comunidad sigue pagando por almacenar bajo techo las mascarillas 'fake'. Era el peor ... momento de la pandemia, el más incierto y la sociedad no estaba preparada para la amenaza sanitaria que supuso el covid. La falta de mascarillas, una medida de protección que resultaba imprescindible en aquellos momentos, era una realidad y el Ejecutivo riojano firmó vía procedimiento de emergencia, por tanto esquivando los controles de la administración, un contrato de 3,47 millones de euros con la empresa granadina Tec Pharma para comprar 950.000 protectores FFP2. A su llegada, en mayo de 2020, se comprobó no sólo que habían llegado menos de las previstas (949.790) sino que además (890.790 no cumplían los estándares de calidad necesarios.
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Desde entonces las mascarillas permanecen almacenadas en un nave en Arrúbal. Un depósito que no es gratuito. Hasta el pasado mes de septiembre se han abonado 103.691,15 euros por el almacenamiento y el seguro de la mercancía.
Previsiblemente esta cantidad continuará creciendo hasta que la justicia adopte una decisión sobre la resolución del contrato con Tec Pharma. En concreto, la reclamación está en manos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), órgano judicial al que recurrieron la empresa granadina, propiedad de una familia iraní, que se ha negado en sucesivas ocasiones a devolver el dinero abonado por las mascarillas.
El asunto, según explican desde el TSJR, entró el pasado mes de marzo y en la actualidad se encuentra en periodo de práctica de prueba.
Tec Pharma se atrincheró en la negativa. El 25 de enero de 2023 el Gobierno solicitó un informe al Consejo Consultivo de La Rioja y en marzo de ese mismo año el órgano asesor, en un dictamen, respaldaba la decisión de reclamar a la empresa el dinero correspondiente a las mascarillas defectuosas, así como una indemnización. Esa reclamación se articula el 20 de abril, cuando se pide a TEC Pharma el pago de 2,6 millones de euros y 300.000 más de indemnización.
Antes, ya se habían incoado hasta dos procedimientos de resolución contractual, pero en sendas ocasiones la Administración los dejó caducar. En octubre de 2022 se inició un nuevo procedimiento y esta vez sí continuó. Se reclamó a la empresa no sólo que devolviera lo abonado, sino también los gastos originados por el alquiler de almacenamiento de las mascarillas, los gastos facturados por la empresa transportista en concepto de llegada aérea y aduanas (26.270 euros), el coste de los análisis del Insst (3.606,12), más los intereses.
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La empresa se opuso «al haber cumplido el contrato y no estar motivada ni justificada la resolución del mismo», alegó. El informe de los servicios jurídicos avaló después resolver el contrato por «incumplimiento grave y culpable del contratista» y el Consejo Consultivo ratificó la ruptura de la relación contractual.
La respuesta de la compañía granadina llegó casi un mes más tarde (el 15 de mayo de 2023). Tec Pharma presentó su recurso en el que argumentaba que no era su intención abonar el dinero reclamado por el Ejecutivo. Recurso que se desestimó por parte de Salud y por ello la empresa andaluza llevó el asunto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).
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