La Rioja lanza un plan de simplificación administrativa para eliminar cargas burocráticas a empresas y ciudadanos

Fomentará el silencio administrativo positivo e impulsará la declaración responsable para iniciar una actividad en lugar de la licencia o autorización

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Martes, 15 de abril 2025, 12:00 | Actualizado 17:33h.

La simplificación administrativa y la eliminación de cargas burocráticas son dos reivindicaciones habituales de empresas y ciudadanos en La Rioja y suponen siempre motivos de queja por la demora en la concesión de licencias o en la obtención de respuestas. Con el propósito de revertir esta situación, el Gobierno ha aprobado un plan de simplificación administrativa para el periodo 2025-2029 que se configura como «un ambicioso instrumento estratégico para fortalecer el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida y el bienestar» de los riojanos con procedimientos más ágiles, rápidos y eficaces en el Ejecutivo y en sus servicios públicos.

Entre las principales novedades, se implantará como régimen de intervención administrativa preferente las declaraciones responsables y comunicaciones, que permitirán iniciar una actividad sin que sea necesaria la licencia o autorización. Además, se fomentará el silencio administrativo positivo, también los procedimientos de respuesta inmediata para permitir al ciudadano obtener en el mismo momento de su petición el documento requerido y las resoluciones automatizadas reduciendo los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas. Y se implantarán mecanismos de identidad y firma más sencillos y usables.

Organizaciones sociales y empresariales constituirán un grupo de trabajo para diseñar esta «estrategia global de transformación de la cultura del sector público» con la que el Ejecutivo quiere promocionar la competitividad y el desarrollo económico del tejido empresarial riojano, elevar la eficacia administrativa del Gobierno y reducir costes, mejorar la calidad de los servicios públicos y fomentar la innovación y participación ciudadana.

El coste del plan asciende a 3,1 millones de euros para implementar medidas tecnológicas y digitales ya que el resto de actuaciones serán ejecutadas con medios de la Administración.