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JAVIER DÍEZ MORRÁS
Domingo, 9 de junio 2019, 09:36
Se ha señalado en algunas ocasiones que la provincia de Logroño nació en el año 1833 y que su previa creación de 1822 tuvo carácter ... eventual. En modo alguno se puede seguir sosteniendo esa afirmación, pues la provincia adquirió plena vigencia desde este año, estableciéndose sus órganos de gobierno y ejerciendo con plenitud sus atribuciones. Solo la corta trayectoria de su primera época, pues quedó suprimida en abril de 1823, ha podido ser la razón por la cual se ha insistido en su provisionalidad.
Los antecedentes más inmediatos de su nacimiento son de distinta naturaleza y se pueden rastrear en el siglo anterior. Desde comienzos del siglo XVIII, diversos autores se habían venido preocupando por delimitar la geografía de La Rioja, una región cuyas primeras menciones documentales se remontan al siglo XI. Tanto el padre Anguiano como el canónigo Juan Antonio Llorente se empeñaron, con diferentes fines, en concretar los límites riojanos. Por su parte, el geógrafo Tomás López elaboró en 1769 el primer mapa de La Rioja, aunque con numerosos errores, especialmente acerca de La Rioja Baja. Finalmente, en los últimos años de ese siglo, hacendados riojanos de diferentes localidades vinculadas a la vitivinicultura, fundaron una sociedad económica de amigos del país para defender sus intereses económicos y, especialmente, para trabajar en la exportación del vino al norte español.
Ya en plena Guerra de la Independencia, los franceses emprendieron su propia división y estuvieron cerca de crear un departamento riojano. A la par, un buen número de pueblos riojanos se agruparon para defenderse de las abusivas exacciones y contribuciones, así como para lograr una mejor defensa militar. Para ello se constituyó la conocida como Junta de la Rioja en diciembre de 1809 y, tres años después, la Junta general de Santa Coloma.
Todo lo anterior favoreció la paulatina cohesión del territorio riojano, que se concretaría definitivamente tras la llegada del constitucionalismo en torno a la reivindicación provincial.
Porque, en realidad, la creación de la provincia de Logroño respondió a la idea liberal de un Estado unitario, en el que era preciso implantar unas nuevas instituciones sobre unas demarcaciones territoriales. Estas se organizaron bajo la autoridad del jefe político que, como presidente de la diputación provincial, era el responsable y director de la incipiente estructura administrativa en cada provincia.
El Estado surgido en las Cortes de Cádiz y plasmado en la Constitución de 1812 supuso la consolidación de la soberanía nacional y contempló por primera vez en España la separación de poderes. Para ello era inevitable romper con la desigualdad jurídica, fiscal y económica, y uno de sus principales mecanismos fue el diseño de una división territorial sobre la que se tenía que desarrollar el nuevo esquema político del país. Así, no solo los liberales riojanos consideraron indispensable el establecimiento de una provincia riojana, sino que en las Cortes hubo un apoyo claro a la creación de una provincia que se acomodaba a lo que venía teniéndose por Rioja desde siglos atrás. Solo las regiones directamente afectadas por el nacimiento de la provincia riojana se opusieron a la misma. Álava, Burgos, Soria y Navarra hicieron lo posible por impedir que parte de sus territorios pasasen a la nueva provincia, y eso a pesar de que todos ellos eran considerados como riojanos.
Los trabajos destinados a la creación provincial se iniciaron en 1813, tras la salida de los franceses de la región y cuando se pudo aplicar en ella la nueva legalidad constitucional. La veterana Real Sociedad Económica y una nueva junta de localidades riojanas se unieron en los primeros meses constitucionales de La Rioja para crear la provincia coordinando trabajos, trámites y escritos. Pero la derogación de la Constitución por Fernando VII el 4 de mayo de 1814 frustró el proyecto. Retornado el sistema constitucional el 7 de marzo de 1820, tras el pronunciamiento de Riego, los riojanos retomaron su reivindicación con fuerza. En este segundo período, conocido como Trienio Liberal, a la Real Sociedad Económica se sumó la Sociedad Patriótica de Logroño y, tras la disolución de esta a finales de 1820, una reunión de representantes de los pueblos. En esos ámbitos se trabajó intensamente para lograr que el Gobierno y las Cortes aprobasen una nueva provincia riojana.
Las gestiones y acciones fueron fructíferas, pues desde los primeros diseños elaborados en el verano de 1820 se contempló la opción riojana, materializada finalmente en el decreto de 27 de enero de 1822. Entre los protagonistas principales durante estos años hay que destacar a los hermanos Martín y Antonio Fernández de Navarrete, a los abogados Manuel de Careaga, Miguel de Mateo y Santiago Estefanía, y al ministro riojano Mateo Valdemoros. Todos ellos trabajaron con intensidad para el proyecto provincial. Una vez concluido, en marzo tomaría posesión el primer jefe político de la provincia, Manuel Calderón, quien sería sustituido en octubre de 1822 por Ramón Noboa.
Uno de los argumentos más utilizados y repetidos entonces por los riojanos para lograr la creación de la provincia, fue la existencia en las regiones limítrofes del norte de unas peculiaridades forales que propendían a la desigualdad comercial y fiscal de los territorios. La posición privilegiada de las entonces conocidas como Provincias Vascongadas o Exentas, y de Navarra, ocasionaba un notable perjuicio a las economías de las elites comerciales y hacendísticas riojanas, y fomentaba, entre otras cosas, el contrabando.
Los ilustrados de finales del siglo XVIII y los liberales de principios del XIX expusieron en distintos tratados e instituciones el agravio que suponía la situación fronteriza de La Rioja. Llegado el constitucionalismo gaditano y los mecanismos jurídicos y legales apropiados, los liberales en general, no solo los riojanos, vieron la creación de la provincia como totalmente necesaria dentro de un esquema unitario del Estado que abogaba por la igualdad territorial y la abolición de privilegios que chocaban con el liberalismo político y económico.
La recién nacida provincia de Logroño no conservó su nombre histórico -La Rioja- ni abarcó finalmente todo el territorio riojano.
En cuanto a su denominación, en las discusiones y trabajos que se desarrollaron en sede parlamentaria en 1813 y 1814 -pero especialmente en los de 1820 y 1821- siempre se habló de provincia de Rioja o de la Rioja, puesto que los criterios históricos prevalecieron en un principio para designar a las nuevas provincias españolas. Pero los debates y modificaciones de las Cortes de finales de 1821 llevaron a la unificación terminológica, con lo que se optó por asignar a las provincias el nombre de sus capitales, a excepción de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Esto supuso que la provincia riojana pasase a ser la provincia de Logroño.
En cuanto a sus límites territoriales, el proyecto que habían elaborado Felipe Bauzá y José Agustín de Larramendi en 1820 los extendía de forma notable. Por el norte ambos autores incluyeron toda la Rioja Alavesa, por el oeste llevaron sus fronteras hasta las inmediaciones de Villafranca Montes de Oca, por el sur abarcaron localidades como Neila, Montenegro de Cameros, San Pedro Manrique, Yanguas y el partido de Ágreda y por el este llegaron hasta el río Queiles. Un territorio excepcionalmente amplio que al final fue reducido, pues en la aprobación definitiva, aunque se mantuvo la Rioja Alavesa y la ciudad de Viana, no se integró todo el partido de Belorado ni el de Ágreda; y por el este solo se adhirieron a la provincia logroñesa Castejón, Cintruénigo, Corella y Fitero.
No obstante, los límites que se aceptaron, aún disminuidos, serían superiores a los que se establecieron años después, en 1833, los cuales se corresponden con la actual Comunidad Autónoma de La Rioja. Pero a pesar de las reducciones geográficas de La Rioja, casi doscientos años después de la creación provincial hay que considerar que aquel nacimiento de la provincia de Logroño de 1822, fue el gran hito de la contemporaneidad riojana, y el impulsor del liberalismo en el norte español.
Francisco Javier Díez Morrás (Logroño, 1972) es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y doctor en Humanidades por la Universidad de La Rioja, con una tesis sobre los inicios del constitucionalismo en La Rioja. Ejerce como abogado y es profesor asociado de Historia del Derecho en la Universidad de La Rioja. Ha publicado varios artículos y libros sobre el tránsito del Antiguo Régimen al liberalismo en La Rioja. Su último libro, editado por el IER, se titula 'La antorcha de la libertad resplandece. La Sociedad Patriótica de Logroño y los inicios del liberalismo'.
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