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E. SÁENZ
LOGROÑO.
Martes, 28 de noviembre 2017, 18:17
La Rioja asumirá una rebaja del impuesto de sociedades en el País Vasco siempre y cuando se replique en el conjunto del Estado. En caso de que se produzca una discriminación, la comunidad «será muy firme» y adoptará todas medidas legales a su alcance «como ... ha hecho en los últimos 20 años». «Si es necesario, recurriremos», garantizó ayer el titular de Hacienda, Alfonso Domínguez, a preguntas de la prensa ante el acuerdo avanzado por el Ejecutivo vasco de menguar el tipo del 28% al 24%. «La rebaja fiscal es la mejor política económica porque favorece el crecimiento y la generación de empleo, pero debe hacerse de forma armonizada en todo el Estado», razonó matizando que aún no hay información detallada sobre los pasos que dará el Ejecutivo de Íñigo Urkullu tras alcanzar un acuerdo de mejora sobre el cupo que, según el consejero, debe compensarse con una mayor aportación de recursos por parte del Estado al resto de territorios para evitar discriminaciones. «Queremos igualdad», sentenció junto al director de la Oficina de Control Presupuestario, Fernando Rojas.
Domínguez ofreció estas declaraciones en el marco de la comparecencia donde fijó la estrategia de La Rioja ante al nuevo modelo de financiación autonómica tras el informe elaborado por el comité de expertos. Una posición que parte de la premisa de que la comunidad no es la segunda más privilegiada según el actual ranking ni en la metodología de ingresos (no se tiene en cuenta la capacidad de recaudación real sobre los impuestos propios respecto a territorios donde el sector inmobiliario es más determinante) ni en la de gastos (el criterio de habitante ajustado genera una distorsión al obviar las singularidades riojanas). Desde ese punto de partida, el objetivo de la región en el transcurso de la negociación pasará por la obtención de más recursos para prestar los servicios público que requieren sus habitantes, para lo cual el futuro modelo debe asumir las particularidades de La Rioja que encarecen desde la atención sanitaria hasta la apertura de un centro de día: el peso de los costes fijos, la dispersión territorial, la superficie y el envejecimiento poblacional. «Si se descuentan los costes fijos, nuestra situación en relación al resto pasa de estar a la cabeza del ranking a situarse en los últimos puestos», advirtió.
Para Domínguez también es crucial en el apartado de la recaudación lograr una mayor participación en los ingresos el Estado. Una fórmula más factible que la opción de establecer un IVA colegiado que permitiese a las comunidades modularlo pero que exige un improbable acuerdo global entre todas ellas. Y todo ello, con una nivelación tanto vertical como horizontal que fije las necesidades de las diferentes administraciones y precise las competencias de cada una de ellas.
La Rioja defenderá asimismo el reconocimiento del esfuerzo realizado durante la crisis para lograr el equilibrio de las cuentas. «Ese esfuerzo de austeridad conjunto de los ciudadanos, las empresas y el Gobierno regional no puede verse penalizado con, por ejemplo, una condonación genérica de deuda», reflexionó. En la confianza de que La Rioja alcance consensos con comunidades en una situación similar, Domínguez condensó en cinco los principios que deben guiar el nuevo sistema: multilateralidad, igualdad, transparencia, solidaridad interterritorial y armonización fiscal.
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