La Rioja debe pagar 138 millones hasta el 2031 por los anticipos del Estado cobrados de más hace diez años

El problema fue general para todas las comunidades y la bolsa de deuda global alcanzó los 5.500 millones de euros, un descalabro para las arcas autonómicas, máxime en aquellos momentos de crisis económica, por lo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pactó diferir su devolución.

Inicialmente, y dado que la deuda generada en el 2008 todavía era una cantidad asumible, se acordó un plazo de cinco años, que empezó a contar en el 2011. Así, La Rioja reembolsó durante ese ejercicio 9,26 millones. El problema se agravó al conocerse el desajuste del 2009, cuyo importe, en el caso de la región, casi quintuplicaba al del 2008.

Por ello, las autonomías y el Estado convinieron ampliar el periodo de vencimiento a diez años, de forma que durante tres ejercicios (entre el 2012 y el 2014), La Rioja devolvió 72 millones de euros, a razón de 24 millones por ejercicio. Un esfuerzo difícil de mantener para todas las autonomías que, agobiabas, lograron que el Gobierno central aceptase una tercera moratoria, en este caso, por veinte años. Así, desde el 2015, La Rioja devuelve anualmente 9,9 millones de euros al Estado (repartidos en doce mensualidades), por lo que hasta el 31 de diciembre del 2031 la Comunidad no liquidará los 138,3 millones pendientes de reembolso.

Al margen de los impuestos cedidos, la financiación anual de La Rioja, como la de todas las autonomías de régimen común, se articula a través de un complejo sistema en el que entran en juego los impuestos compartidos con el Estado (IRPF, IVA, Impuestos Especiales) y tres fondos (Suficiencia, Garantía y Convergencia), que compensan la diferencia entre lo que recauda la Comunidad y lo que en teoría debería gastar. El problema es que los impuestos compartidos y los fondos funcionan con estas entregas a cuenta. Al tratarse de adelantos siempre cabe un margen de error.

Y, en función de la liquidación que se realiza a los dos años, las partidas se reajustan a los rendimientos. El saldo siempre ha sido positivo para la región (el Gobierno central aún debe aportar más dinero), pero en el 2008 y, sobre todo en el 2009, el descuadre fue de enorme calibre al sobreestimar el Estado los ingresos: bien para intentar ajustar el presupuesto al elevado gasto público que se hacía en aquel momento, bien por una mala previsión de cómo iba la economía.

El caso es que algunas comunidades, entre ellas La Rioja, aun recelando de las cuentas ministeriales (la crisis ya era una realidad y cuestionaban abiertamente la política del Gobierno de Zapatero), las aceptaron, dado que, en teoría, el Estado y la Agencia Tributaria siempre disponen de una información más exacta que las estimaciones que puedan realizar los Ejecutivos económicos.

Así que el dinero llegó a las comunidades autónomas que, por supuesto, se lo gastaron, también La Rioja, lo que provocó una deuda adicional a la que ya soportaban y que no terminarán de satisfacer hasta dentro de trece años.