La Rioja es la cuarta región que menos renta redistribuye entre sus ciudadanos

Para hacer el análisis (no incluye las comunidades forales), el estudio toma como punto de partida el índice de Gini, que es la medida más utilizada para calcular la desigualdad. Este indicador toma el valor 0 cuando la distribución de la renta es igualitaria y todos los ciudadanos tienen el mismo nivel de ingresos, y el valor 1 (o 100 si se expresa en tanto por ciento), cuando la divergencia es máxima. Así, cuanto más alta es la ratio que arroja el índice, mayor es la desigualdad. Claro está, advierten los autores del informe, Nuria Badenes y José María Buenaventura, las diferencias económicas existentes en cada región vienen determinadas por el nivel de desempleo, la edad de la población y el nivel de renta de cada comunidad.

Las autonomías más igualitarias son, por este orden, Cantabria (30,2), Extremadura (33,9) y La Rioja (35,7), con baremos por debajo del promedio nacional (37,4). Por el contrario, Andalucía es la región con mayor desigualdad de renta entre sus habitantes (38,7). A partir de ahí, el estudio del IEF comienza a aplicar las políticas públicas para medir la capacidad que tienen para reducir la desigualdad en cada autonomía. Son tres: las prestaciones monetarias (gasto social, jubilación y desempleo), las no monetarias (gastos en educación y sanidad) y los impuestos.

Como se puede observar en los cuadros inferiores el efecto redistributivo es diferente en cada política. En el caso concreto de La Rioja, es el cuarto más bajo en relación a las políticas monetarias y el quinto menor en cuanto al gasto en educación y sanidad. Y cuando se escruta lo que ocurre con los impuestos, la política tributaria favorece la igualdad, pero con un menor impulso que las autonomías que también lo consiguen, ya que ocupa el octavo puesto en el escalafón nacional. Un dato positivo, en cualquier caso, al constatar que los impuestos resultan regresivos en cinco comunidades: Murcia, Extremadura, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha. Lo que es consecuencia, dice el estudio, del mayor peso de la imposición indirecta (que tiene carácter regresivo con impuestos como el IVA) frente a los impuestos directos (IRPF).

En todo caso, todas las políticas de ingreso y gasto que analiza el trabajo del IEF reducen la desigualdad inicial en todas las regiones, con un recorte promedio del 39,1%. En La Rioja, sin embargo, esa minoración se queda en el 35,2%, la cuarta más baja de España. Sólo empeoran el dato riojano Baleares (24,5%), Murcia (33,1%) y Aragón (34,5%). Por el contrario, las comunidades en las que los recursos públicos más contribuyen a reducir la desigualdad son Cantabria (66,4%), Asturias (50%) y Canarias (48,6%).

Analizando los efectos de cada política, el mayor poder redistributivo en el caso de La Rioja corresponde a la política sanitaria (14,5%), seguida del efecto del gasto en educación (10,5%) y del pago del IRPF dado su carácter progresivo (aporta más quien mayor renta tiene), que contribuye con el 11,9%. El resto de políticas representa un peso inferior al 3%: el 1,6% en el caso de las jubilaciones, el 2,3% en lo relativo al gasto social, el 2,8% cuando se analizan las prestaciones por desempleo y el 1,1% si se estudian las cotizaciones sociales.

Por el contrario, el pago del IVA (que no distingue la capacidad fiscal del contribuyente) reduce el efecto redistributivo el 7%, al igual que los impuestos especiales, que lo hacen el 2,7%.

Si la fotografía riojana se compara con la global que arroja el resto de las autonomías de régimen común se observa que La Rioja tiene una mayor capacidad para reducir la desigualdad de renta entre su población a través de la jubilación (el promedio nacional se queda en el 1,2%) y el IRPF (11%). El resto de las políticas públicas tiene una menor capacidad redistributiva que la media nacional destacando, en especial, el desempleo (4,7% el dato medio español) y las cotizaciones sociales (4,6%). Lo que viene a confirmar las características de la región que la significan frente a otras comunidades: una población más envejecida, mayores beneficios a sus contribuyentes en el tramo autonómico del IRPF, una de las tasas de desempleo más reducidas del país, pero con unos salarios más bajos que, por fuerza, tienen como consecuencia unas cotizaciones menores a la Seguridad Social.

Todos estos datos permiten abordar un delicado debate: cuál es el mejor instrumento para hacer políticas públicas en aras de la igualdad. Esto es, elevar la presión fiscal a las rentas más altas o, por el contrario, aumentar las prestaciones sociales, sean o no monetarias. Y el informe concluye que, en el caso de La Rioja las políticas de gasto tienen un mayor peso (90,4%) en la disminución de la desigualdad, aunque las tributarias también contribuyen a redistribuir la renta en el 9,6%, pues la imposición directa compensa la regresividad de la indirecta.