Ningún municipio riojano ha elaborado el obligado censo de instalaciones con amianto

La popularidad durante tantos años del amianto (conocido también como asbesto) es fácil de comprender. Se trata de un mineral económico, con propiedades ignífugas, aislantes y resistentes, conocido también en sus versiones de fibrocemento, por la mezcla empleada, o uralita, por la empresa que lo comercializó de forma extensa y especialmente reconocible en los tejados de planchas onduladas. Es un material que servía para todo, pese a que hace ya casi cien años que se asoció el primer fallecimiento de un trabajador a causa de la exposición al amianto.

Desde 2002 su utilización está prohibida en España, pero el que queda, sigue ahí. Esto, en principio, no debería suponer un riesgo mientras que el amianto permanezca estable y en buen estado, pero sí lo es cuando el material se deteriora o se manipula, ya que libera partículas en suspensión, altamente dañinas al ser inhaladas, que pueden llegar a provocar cáncer. Por ello, la Ley 7/2022 impone a los ayuntamientos la elaboración de un censo de edificios con amianto, que deben enviar al Gobierno regional, y establece la necesidad de una evaluación de riesgos y una retirada de los emplazamientos con mayor peligrosidad. Todos los deberes por hacer, y es que los ayuntamientos riojanos no han realizado todavía ningún de censo, pese a haber caducado el plazo en 2023. Desde la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua se ha remitido una carta a los ayuntamientos a modo de recordatorio sobre la exigencia de este listado y la planificación de retirada.

La situación en la región no era hasta hace poco demasiado extraña, ya que la mayoría de autonomías se encontraban en un punto similar. Prácticamente nadie llegó a tiempo al plazo. Especialmente difícil resulta la tarea para los ayuntamientos pequeños, sin embargo, en los últimos tiempos en muchas comunidades se han producido ciertos avances en este sentido. Ejemplo son las capitales del entorno. Pamplona impulsó el censo en septiembre con previsión de tenerlo concluído a mediados de 2025; Vitoria realizó ya las primeras inspecciones con teledetección y ahora son los técnicos los que visitan las instalaciones; Burgos acaba de licitar la tarea; Soria cuenta ya con un mapa fácilmente accesible que cataloga todos los edificios de la ciudad por nivel de riesgo... En Logroño no hay ningún paso adelante.

Desde el Ayuntamiento de la capital riojana reconocen que la elaboración del censo está parada, sin fecha concreta para ponerlo en marcha, si bien afirman que dentro de la partida de asistencias técnicas del presupuesto de este año (de 21.000 euros) está previsto incluir el planteamiento inicial del censo. La elaboración del mismo debería incluir, según las directrices de los ministerios implicados, una exploración o cribado, una inspección presencial, una valoración del riesgo, un informe y la elaboración definitiva y completa del censo municipal.

Pese a no existir todavía dicho listado, las administraciones trabajan desde hace años en la vigilancia de los espacios conflictivos así como en la retirada de los elementos que contienen amianto. Entre los más delicados se encuentran los colegios, y desde la Consejería de Educación señalan que «en los últimos años se ha realizado un exhaustivo trabajo para proceder a la retirada de cualquier elemento con amianto en los colegios de La Rioja». Pese a ello, todavía quedan tres centros educativos en la región con amianto en sus instalaciones, para los cuales Educación adelanta próximas licitaciones de obra, sin revelar todavía cuáles son.

La normativa, tanto nacional como regional, es especialmente meticulosa en el ámbito laboral, donde existen los mayores riesgos. Los trabajadores que interaccionan con elementos de amianto cuentan con equipos de protección especiales y no pueden trabajar más de cuatro horas en esta labor durante su jornada, además de establecerse también límites en las cantidades retiradas o que el edificio debe estar totalmente vacío en el momento de la actuación. Deben existir además un plan de trabajo y un registro completamente detallado.

Son múltiples los casos conocidos de trabajadores con problemas de salud derivados del amianto y, según los últimos registros nacionales, más de dos mil han fallecido por ello en la última década. En La Rioja, son veinte empresas las acreditadas para realizar actividades con riesgo de exposición al amianto, y un total de 85 trabajadores en las mismas, si bien son muchos más los que durante años han asumido ese peligro, y es que los efectos sobre la salud pueden aparecer pasadas varias décadas.

Desde la vertiente sindical, José Antonio Jorge, de UGT La Rioja, subraya que «es un tema delicado que vigilamos con gran preocupación ya que repercute en la salud de los trabajadores pero también en la de las personas que viven alrededor de las instalaciones a retirar». Además, vuelve a aludir al infrarreconocimiento de «las enfermedades profesionales derivadas, es un caballo de batalla en el que hay que seguir».

Por su parte, Eva Fernández Antón, de CC OO La Rioja, incide en que «parece un tema olvidado y nos preocupa el gran desconocimiento sobre el amianto que existe por parte de la sociedad, las personas trabajadoras y la Administración», reconociendo que son «pocas las consultas que nos llegan al sindicato en este tema, sabemos que hay plantillas totalmente desinformadas sobre los riesgos y las medidas preventivas». Indica también que en relación a las últimas normativas «observamos lo que se está moviendo en otras comunidades vecinas, mientras que en La Rioja, nada».