La Rioja carga contra una posible «financiación singular» de Cataluña

En una legislatura llena de embrollos políticos, la financiación autonómica amenaza con convertirse en el gran campo de batalla entre las comunidades y el Ministerio de Hacienda. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró ayer, La Rioja solo encontró motivo de preocupación. «El 80% de los recursos de las comunidades autónomas procede de un sistema obsoleto, del año 2009, que debe ser renovado, pero el Ministerio no hizo ninguna propuesta en este sentido», lamentó el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez.

Sí lo hizo la representante de la Generalitat, que formuló su modelo de una «financiación singular» para Cataluña. «La parálisis en la negociación de un sistema para todas las comunidades contrasta con los avances para establecer un sistema singular para una sola comunidad autónoma, negociado entre partidos políticos y sin que los demás tengamos información». Domínguez ha señalado que este modelo propio para Cataluña supone «un privilegio para ellos y un perjuicio para el resto».

Del mismo modo, Domínguez ha reiterado su «preocupación» por el proceso de condonación de deuda a esa misma región. Según el Gobierno de La Rioja, la ministra Montero se comprometió ayer a convocar reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas para abordar este asunto. «Hasta entonces, seguimos sin información», ha remachado el consejero de Hacienda. Por esta misma razón -la falta de información suficiente-, La Rioja decidió abstenerse ayer a la hora de votar los objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Ministerio, que prescriben un déficit máximo de -0,1% y una deuda tope del 20,8 del PIB.

Además, el Ejecutivo de La Rioja reprocha al Ministerio que todavía no haya ejecutado las entregas a cuenta correspondientes al año 2024. «Al Gobierno de La Rioja le faltan 300 millones de euros, pagados por todos los riojanos en impuestos a lo largo del año 2023 que deben incorporarse al Presupuesto en 2024. Ya se aprobó el Real Decreto que tenía que actualizarlas, pero todavía se ha dado por parte del Ministerio la información necesaria para que estas entregas se lleven a cabo». Domínguez ha señalado que esta demora «poner en riesgo la prestación de servicios públicos y el compromiso de los principales objetivos del Gobierno». «Ya estamos a mitad de julio y todavía están sin ingresar estas cantidades», ha censurado el consejero de Hacienda.