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El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el Plan de Gestión del Lobo que pretende facilitar su coexistencia, como especie protegida, con la ganadería ... extensiva, como ya avanzó hace un mes la consejera de Agricultura, Eva Hita. El decreto se desarrolla a través de cuatro artículos y dos disposiciones que determinan cómo se aplicará esta política de convivencia con un primer anexo que incluye una serie de objetivos con actuaciones e indicadores para un periodo de seis años (revisable cada tres) y un segundo en que se fijan los criterios para la extracción y captura de ejemplares de lobo de forma excepcional y selectiva.
El consejero de Sostenibilidad y portavoz del Ejecutivo de Andreu, Álex Dorado, aseguró que el decreto es consecuencia de un largo proceso de participación del Gobierno con «todos los interlocutores implicados, que se han puesto a trabajar para arbitrar un asunto complejo como es la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, y cuyo objetivo es mantener el equilibrio ecológico de nuestro medio natural y al mismo tiempo preservar a una actividad esencial en nuestra región».
Dorado compareció acompañado de la consejera de Agricultura, Eva Hita, con la idea de reforzar la imagen de unidad y de trabajo conjunto entre ambos departamentos para regular este polémico asunto que en varios momentos de la legislatura ha enfrentado a los ganaderos con el Ejecutivo: «La ganadería extensiva es un sector clave en nuestra alimentación y en nuestra economía, especialmente en la sierra», afirmó Hita. «Hemos abordado responsablemente este trabajo -añadió- en colaboración con todos los sectores implicados, a quienes quiero agradecer todo su esfuerzo, aportaciones y generosidad para hacer factible esta coexistencia».
Ambos consejeros afirmaron que el Plan de Gestión del Lobo nace con el «consenso» de las organizaciones ecologistas y medioambientales pero también con el sector agrario, que participó en su redacción, según afirmaron. Los ataques de lobos a animales en 2022 provocaron 680 ovejas y cabras muertas y 14 terneros.
El nuevo decreto ratifica por escrito que se paguen compensaciones a cualquier ataque, no sólo a los que se daban en la reserva regional de caza, como de hecho ya se venía haciendo desde 2021. Asimismo, ya en 2022 se incrementó la cuantía de la indemnización por animal en un 52% (no se había actualizado desde 2005), pasando de 93 euros por oveja a 142 euros por cabeza tras sumar el IPC y un 15% en concepto de lucro cesante. También hay ayudas a las explotaciones de ovino y caprino en zonas con presencia de lobo, al mantenimiento de la ganadería extensiva y a las medidas preventivas como la adquisición de dispositivos de localización de ganado, al mantenimiento de perros guarda, a la conservación de las vías pecuarias, la construcción y mejora de abrevaderos, refugios ganaderos, pastizales y caminos. En total, se prevé destinar un millón de euros en indemnizaciones, cerramientos, pastores eléctricos, censos, estudios y otras actuaciones.
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