El riesgo del 'nuevo turismo'

En La Rioja tres de cada diez plazas de alojamiento para visitantes son viviendas turísticas. En total se registraron 1.417 alojamientos de esta índole en 2023. Pero el auge de este tipo de turismo ha abierto el debate sobre la necesidad de regular esta clase de pisos y ha puesto en jaque a vecinos, asociaciones y ayuntamientos.

La manera de viajar se ha democratizado, de modo que se han abaratado costes en paquetes vacacionales y en billetes de avión, pero también ha cambiado el modo en el que se viaja, con la irrupción de plataformas de alquiler vacacional y pisos turísticos. Así, se ha convertido en algo necesario conciliar la explotación de este tipo de viviendas con un modelo urbano sostenible y que respete la convivencia social.

«Todos queremos que vengan turistas; el turismo tiene un impacto positivo, pero también negativo. Y cuando este último es mayor que los beneficios que reporta, existe rechazo», expone Ramón Adillón, docente del Máster en Formación Permanente en Revenue Management en UNIR, que ve necesario hacer un análisis exhaustivo de su rentabilidad. Por un lado, se habla de la mayor distribución de la riqueza que da el turismo. «Esos propietarios de pisos turísticos tienen otras fuentes de ingresos, pero en determinados destinos hay organizaciones que han conseguido hacerse con casi toda la oferta de alquiler vacacional, por lo que esa distribución de la riqueza no se aplica».

Adillón alerta del peligro de que habitantes de determinados barrios y ciudades queden desplazados, a causa del aumento del precio del alquiler y venta de inmuebles, y las ciudades vayan cambiado. Pone el ejemplo de Venecia, donde atracaban megacruceros y «desembarcaban hordas de turistas que terminaron desplazando al residente local, porque era imposible hasta caminar». Algunas ciudades, señala interpelando al término «gentrificación», se han convertido «en una especie de decorado que por las noches se vacía y donde el comercio tradicional se sustituye por cafeterías. Se ha perdido un poco la esencia de lo que es una ciudad». En cuanto a las viviendas turísticas, subyace el atractivo económico. «Como alquiler normal saco una determinada cantidad al mes, pero si la pongo como alquiler turístico gano mucho más», aunque eso suponga más limpieza y mayor gasto para acondicionarla.

A todo ello, se suman, en los casos de que los pisos turísticos estén situados en bloques de viviendas, habituales problemas de ruidos y fiestas. «Hay que conciliar muchos intereses en torno a ellos. Ahí está la clave», explica Luis Cerdá, docente del Doble Grado de ADE y Marketing de UNIR.

Cerdá aboga por una regulación, ante la presencia de pisos turísticos ilegales, «no solamente por poner trabas, sino para garantizar los negocios avalados y que se evite el intrusismo». En esa línea también se posiciona Adillón, apostando por normativas, que ya existen en otras ciudades, que limitan la ubicación de esos pisos a bloques completos o a que cuenten con entradas independientes.

Luis Cerdá recuerda que existe una normativa general en casi toda España en relación con lo que se consideran viviendas de uso turístico. No obstante, no existen demasiados estudios que reflejen su impacto social y económico en las ciudades. «Casi todos los impactos tienen que ver con la necesidad de conciliar y que se garanticen esos estándares de convivencia entre turistas y residentes», apunta.

Algunos se centran en lo económico, «con gastos en estancia, no solo el importe del alquiler, sino que quienes usan pisos turísticos gastan más, por un consumo mayor en restaurantes, cafeterías y gastronomía y también en el comercio de proximidad». Pero no hay que obviar los posibles impactos negativos, más allá de los sociales y económicos, que obedecen a causas ambientales, como un consumo energético mayor. «Es una cuestión que también habría que poner en el balance», propone Cerdá. «Habría que tratar de buscar un modelo de desarrollo turístico que no solamente sea sostenible, sino hasta cierto punto responsable», en gran medida, en el centro de las ciudades, «donde se pone más de manifiesto ese boom», incide. Para lo que ve necesario que los ayuntamientos «tengan cierta capacidad de decisión».

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