Un testigo se refiere a Muñoz como «el socio que se ocupaba de todo y que no había problemas»

Durante los meses de negociación, ha explicado que hubo varios encuentros en un céntrico bar de Logroño en los que A.G.R, cuando se planteaba algún problema, sobre todo por los avales necesarios para la construcción del parque de Torremontalbo, «se levantaba, se dirigía a la barra y ahí hablaba con alguien, que decía que era su socio, entonces no sabía que era Muñoz, y al regresar decía que estaba todo solucionado».

En concreto, ha explicado que como era complicado que se aceptasen los avales -necesarios para obtener las licencias-, al no ser estos bancarios sino de una compañía de seguros, se planteó esta cuestión y A.G.R. dijo: «El señor Muñoz se va a ocupar de que esto se arregle y así fue, en un par de días estaban los avales -se habían aceptado en Industria- y ya se habían concedido las licencias».

El exdirectivo de Bellomonte ha contado que la compra del 50% de Emfrisa surgió a raíz de que ellos estuvieron tanteando aquí el mercado y para ello acudieron al también acusado A.G.C. «que tenía buenos contactos en La Rioja y conocía este mundo». A A.G.C. se lo había recomendado previamente un abogado de Lérida.

Se buscaron parajes que tuvieran ya las licencias para construir y de esta forma se adquirieron los derechos de varias plantas fotovoltaicas en Herce, Nájera y en Manjarrés, entre otras. El otro acusado I.M.A. se encargaba de hacer las escrituras. Esto fue en el 2007 y para entonces ya tenían un fondo alemán interesado en la compra posterior de las plantas que se podrían acoger a un generoso régimen de primas que tenía fecha de caducidad, el 28 de septiembre del 2008. Así lo fijaba el régimen retributivo del Real Decreto 436/2004 que incentivaba la generación de energías renovables obligando a la compañía eléctrica, en este caso Iberdrola, a comprar la electricidad y pagar a los productores de energía un precio superior al 575% al de la tarifa eléctrica media.

Este testigo ha contado que le pusieron en contacto con A.G.R. que le ofreció el 50% de Emfrisa, una operación que cerraron el 12 de marzo del 2008 por la que, sin precisar cuándo, se entregaron varios pagarés, uno de ellos, ha recordado, era a nombre de la esposa de Muñoz, C.M.C., que aparecía en ese contrato. «Más tarde salió un segundo contrato que no sé de dónde salió«, ha indicado.

"Ese segundo contrato no existe. Creo que querían quitar el nombre de C.MC. y por eso hicieron un segundo contrato que yo no he visto. Para mí solo existe un contrato, el que se firmó, el primero”, ha insistido.

Con el tiempo, pese a que le habían asegurado que el futuro parque de Torremontalbo tenía los avales y las licencias, se dieron cuenta de que no era así. «A.G.R. traía siempre un montón de papeles en la mesa y decía está todo, pero la licencia de poner en marcha la obra no aparecía y por eso no podíamos hacer nada».

Hicieron varias visitas al terreno de Torremontalbo donde estaba previsto construir el parque y en una de ellas les acompañó uno de los responsables del fondo alemán con quien este testigo hablaba en alemán. Al ver que faltaban las licencias, la respuesta que le dio A.G.R fue «La Rioja is different». El tiempo apremiaba, se acercaba el 28 de septiembre, y sin el parque construido no se podrían acoger a las generosas retribuciones.

También ha relatado que en septiembre del 2008 un colaborador que tenía en La Rioja les llamó y les dijo: «Esto lo había comprado un señor de Calahorra y que nosotros estábamos fuera. Así nos enteramos».

En la misma sesión ha declarado también uno de los socios iniciales de Emfrisa que ha ratificado que ofreció participar en el proyecto a la mujer de Muñoz, C.M.C.. "Solíamos estar bastante tomando café y hablábamos de esta operación", ha señalado. Ha incidido en que la primera conversación la tuvo con ella y "después sí estuve con él", en referencia a Muñoz. Finalmente, vendió sus participaciones a A.G.R. por 100.000 euros, las había comprado por 20.000.

El Ministerio Público acusa al extitular de Hacienda de estafa, blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la operación de traspaso de la sociedad Emfrisa y reclama cinco años y nueve meses de prisión y una multa de seis millones. Para la mujer de Muñoz, C.M.C., el fiscal reclama un pena de cuatro años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Para A.G.R. reclama una pena de cinco años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los mismos delitos que la anterior y para A.G.C. y I.M.A. pide tres y dos años de cárcel y multa de 3.000 euros para el primero y de 2.400 para el segundo por una supuesta estafa. Demandan también que entre todos indemnicen solidiariamente a Bellomonte en más de 1,6 millones de euros.