La renuncia de Adeslas y la probable negativa de DKV dejaría en el aire la cobertura sanitaria de 7.500 funcionarios riojanos

La renuncia de Adeslas y la probable negativa de DKV a presentarse a la segunda licitación del concierto de Muface deja en el aire la cobertura sanitaria privada de cerca de 7.500 funcionarios riojanos, el 65% de todos los empleados públicos de la región –unos 11.000 en total– adscritos a la mutualidad responsable de su asistencia médica.

Primero se desmarcó Adeslas, que es la aseguradora más elegida por los funcionarios de Muface de las tres que ofrecen esta prestación, y DKV anunciaba dos días después que probablemente seguiría sus pasos. Así que ahora los funcionarios tienen puestas todas sus esperanzas en Asisa, la tercera compañía que ofrece cobertura médica al colectivo de los mutualistas.

En cualquier caso, los cerca de 7.500 empleados públicos afectados –profesores, funcionarios de la Administración central y cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado– tendrán que esperar al 15 de enero. Ese día finaliza el plazo dado a las aseguradoras para suscribirse al nuevo convenio y si finalmente Asisa opta por no presentarse, la sanidad se enfrentaría entonces a una crisis sin precedentes.

En el pulso que las aseguradoras mantienen con el Gobierno, al que piden más dinero para sostener un plan de asistencia que aseguran que es económicamente insostenible, la mayoría de perjudicados son profesores, pero también hay funcionarios de la Administración central y efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

La preocupación ha ido en aumento en las últimas semanas y desde ayer el desasosiego es máximo, explica Jesús Vicente Hernández, presidente de la CSIF. «A dos días de que acabe el año no sabemos quién nos va a prestar sanitaria», apunta.

A la incertidumbre se suma la negativa de algunas compañías a prestar ya asistencia sanitaria a los mutualistas, asegura Hernández. «Lo hemos tenido que poner en conocimiento del Defensor del Pueblo y también hemos tenido reunión con los grupos en el Congreso de los Diputados para exponerles la situación que es bastante grave». El problema es que «el Gobierno no responde a nada», ni siquiera a la reunión de urgencia reclamada por los sindicatos para «conocer la situación en la que nos vamos a quedar y no hay respuesta». En paralelo han solicitado que haga públicos los informes de las compañías sobre la viabilidad de Muface, así como los de la autoridad fiscal competente y «no sabemos absolutamente nada».

Desde CSIF tampoco ven con buenos ojos el tránsito de un seguro privado a la Seguridad Social porque es un sistema «totalmente colapsado y desbordado, con listas de espera de más de un año y si metemos a 11.000 personas más no va a hacer más que reventar por todos los sitios, ahora mismo es inasumible».

Otro de los inconvenientes es que entre la Seguridad Social y Muface no hay cruce de datos, de ahí que si dejan de recibir asistencia privada su historial clínico desaparece, lo que complica la situación de los pacientes con tratamientos y patologías previas.

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