El funcionamiento del CRAB se configura a través de tres áreas. La primera es la Unidad de Análisis, que realiza las labores de preparación de informes, evaluación de determinadas alarmas, así como la revisión activa de las alertas generadas. Además se ocupa del registro y ... preparación de las respuestas a los requerimientos de información al CRAB realizados por las autoridades. Por su parte, la Unidad de Evaluación Interna lleva a cabo la supervisión respecto de los funcionarios incorporados, solucionando dudas y consultas que puedan plantear. Por último, la Unidad de Formación, de nueva creación, da cobertura a mil registradores y aproximadamente nueve mil empleados de los registros, y es la encargada de la formación continua.
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Los registradores riojanos emitieron 158 alertas de posibles casos de blanqueo de capitales el año pasado, lo que supuso 59 menos que en el 2018. Se trata de un descenso interanual del 27,2%, que contrasta con el aumento del 40,7% registrado en el conjunto del país, que pasó de 22.594 a 31.798 alarmas. En el primer semestre de este año fueron 103 avisos.
Los motivos que hacen activar las sospechas son múltiples: desde lo más convencional, como los domicilios vinculados a paraísos fiscales y territorios de baja tributación, a lo más novedoso, tal que las ampliaciones de capital y las transmisiones inmobiliarias donde se emplean las criptomonedas, medio digital de intercambio. Y, en general, todas las operaciones que, por sus características, pueden permitir introducir dinero de procedencia ilícita en la economía legal, así como operaciones para la financiación de grupos terroristas.
Los registradores se han convertido en unos aliados del Estado para aflorar el dinero negro comunicando al Banco de España casos con indicios sólidos de ser blanqueo de capitales. Lo hacen a través del Registro Central Antiblanqueo (CRAB). Las comunicaciones que se reciben desde los distintos registros son clasificadas, analizadas e investigadas por este centro que, en caso de encontrar indicios suficientes de irregularidades emite un informe para trasladarlo al SEPBLAC, la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Durante el pasado año se recibieron en el Centro Registral Antiblanqueo 31.798 alarmas procedentes de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España, nueve mil más que en el año anterior y el doble que en el 2017. De ese total, 20.029 procedieron de los registros mercantiles y de los registros de bienes muebles (sumaron en conjunto el 63%), y 11.769 de los registros de la propiedad (37%).
Análisis, evaluación y formación
El funcionamiento del CRAB se configura a través de tres áreas. La primera es la Unidad de Análisis, que realiza las labores de preparación de informes, evaluación de determinadas alarmas, así como la revisión activa de las alertas generadas. Además se ocupa del registro y preparación de las respuestas a los requerimientos de información al CRAB realizados por las autoridades. Por su parte, la Unidad de Evaluación Interna lleva a cabo la supervisión respecto de los funcionarios incorporados, solucionando dudas y consultas que puedan plantear. Por último, la Unidad de Formación, de nueva creación, da cobertura a mil registradores y aproximadamente nueve mil empleados de los registros, y es la encargada de la formación continua.
Entre los Decanatos autonómicos con mayor índice de alarmas remitidas destacaron los de Madrid y Cataluña, que aglutinaron el 32,1% de los avisos desde los registros de la propiedad y el 61% desde los registros mercantiles y de bienes muebles, seguidos de los de la Comunidad Valenciana y Andalucía.
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La Rioja ocupó la decimoquinta posición en el escalafón nacional por número de alarmas emitidas. Además de la comunidad, solo cuatro autonomías registraron un descenso interanual del número de alertas: Canarias (retroceso del 68,4%), Extremadura (48,9%), Región de Murcia (33,7%) y Asturias (8,8%).En cuanto a las que anotaron incrementos destacaron las subidas de Navarra (173,3%), Aragón (135,3%), Madrid (116,3%) y Castilla-La Mancha (101,5%).
Respecto al tipo de personas comunicadas en las alarmas, siete de cada diez correspondieron a personas jurídicas. En el desglose por nacionalidades, además de la española, que aglutinó 29.201, fueron significativas las correspondientes a ciudadanos del Reino Unido (351), Luxemburgo (201), China (157), Alemania (153), Argelia (134), Irán (133) o Marruecos (120).
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