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La actualización del Estatuto de Autonomía de La Rioja se presentó al inicio de la legislatura como el objetivo estrella. Tras décadas sin concretarse, todo el Parlamento se conjuró para que no se repitiera la historia de declaraciones grandilocuentes, aportaciones múltiples y, al final, propósitos ... frustrados. Incluso el pacto de gobernabilidad suscrito entre Cs y PP introdujo la cuestión como uno de los puntos más solemnes del acuerdo.
A ocho meses de las próximas elecciones, la reforma estatutaria sigue en vilo y los plazos se constriñen mientras la madeja se enreda con una ponencia de estudio muy avanzada pero sin consenso en paralelo a propuestas bilaterales que siguen sin concitar la mayoría cualificada de 2/3 exigida. Y todo, con una agravante: los diferentes textos coinciden en lo sustancial, con la horquilla de diputados en el hemiciclo riojano (que luego debe concretar la Ley Electoral que ahora también está en fase de reforma y que ahora queda fijada en 33) como, a priori, escollo más visible.
La prueba de esa disparidad de criterios y estrategias se visualiza hoy en el pleno de la Cámara llamado a decidir si toma en consideración la proposición de Ley firmada por Cs con la colaboración del PSOE. Se trata de la reforma exprés registrada en junio del 2017 que plantea modificar un puñado de puntos clave en la principal norma que rige la comunidad: suprimir los aforamientos, limitar el mandato del presidente a dos legislaturas, cambiar el modo de designación de senador autonómico para que no sea obligatoria la condición de diputado regional y un número de escaños entre 25 y 39 frente al abanico actual de 32-40 con la intención nunca escondida por Cs de menguar el hemiciclo. Una opción con la que el PSOE siempre ha discrepado, justificando su apoyo entonces a la presentación de la iniciativa 'naranja' y el previsible respaldo en la sesión de hoy en un afán de agilización y que la reforma pase a la fase de comisión legislativa donde enmendar éste y otros aspectos. Básicamente, incorporando los acuerdos que la ponencia de estudio que vienen trabajando paralelamente ha consensuado, como una carta de derechos o una horquilla más ajustada a sus pretensiones y que el ente acordó en abril, con el voto en contra del PP, en 33-41. «Hay aspectos ya superados y la cantidad de aportaciones del PSOE desmiente que queramos frenarla», afirma Raúl Díaz ante las acusaciones cruzadas entre los grupos de obstruccionismo por parte de los rivales.
¿Por qué ha tardado más de un año Cs en llevar al orden del día del pleno su reforma exprés? Diego Ubis lo justifica en tres palabras: desbloquear la situación. «Hay que hacerlo a toda costa para lograr la regeneración política que exige La Rioja, sacando de la iniciativa si es preciso los puntos de disensión», sostiene su portavoz parlamentario. En el ínterin, el propio Ceniceros anunció un acuerdo con el partido naranja -en esta ocasión sobre un mínimo de 31 señorías y un máximo de 39- que sin embargo la otra parte no ha llegado a asumir para registrarlo como proposición de Ley. «El PP ha sido incapaz, como anunció, de sentar en una mesa al PSOE para llegar a la mayoría imprescindible», defiende Ubis para recordar que su grupo propuso en mayo finiquitar la ponencia con el rechazo de populares y socialistas. Desde el PP, Jesús Ángel Garrido reafirma la voluntad de cumplir el compromiso suscrito en el acuerdo de investidura, cuestionando los vaivenes de Cs. «En julio dijeron que pactarían con el diablo para reformar el Estatuto, y resulta que ahora se quedan solos porque ni el PSOE comparte su texto», asegura para juzgar «posibilista» la actitud que a su juicio ha mantenido su grupo a lo largo del proceso.
Sin necesidad aritmética de su apoyo para la actualización pese a la compartida aspiración de unanimidad, Podemos adelanta su abstención en la votación de hoy. «No apoyaremos una reforma exprés pactada en un despacho de forma electoralista y sin la participación de la gente», advierte Ana Carmen Sainz.
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