La reforma de la Lomce resta peso a Religión, asignatura que cursan 23.000 alumnos riojanos

El sistema educativo encara su enésima reforma. Los planes de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de quitar peso a la asignatura de Religión, aunque no son los únicos sí son los más controvertidos dentro de su propuesta de reforma exprés de la Lomce, y llegan en un momento en el que en La Rioja las religiones Islámica y Evangélica han entrado este curso en las aulas de cinco colegios de la región con la previsión de ir extendiendo esta enseñanza de forma gradual a otros centros, en función de la demanda.

La nueva norma, que previsiblemente será elevada a final de año al Consejo de Ministros y que, en principio, no contempla la derogación íntegra de la también conocida como Ley Wert -actual ley educativa aprobada en el 2013 por el PP- devalúa la asignatura de Religión que se deja de considerar como una materia específica en primero y segundo de Bachillerato, lo que significa que los centros no estarán obligados a ofrecerla. Tampoco contará para calcular la media de acceso a la universidad ni para obtener una beca.

Lo cierto es que el número de alumnos que cursa la materia ahora en cuestión ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos años. En la última década ha perdido casi 1.000 alumnos en La Rioja, el grueso de ellos en Bachillerato. En el curso 2005-2006, el 59% de estudiantes de este nivel educativo, es decir casi cuatro de cada diez, unos 2.200, cursaba Religión, diez años después, el curso 2015-2016, el último del que el Ministerio de Educación ofrece datos, el porcentaje fue del 12,1%, poco más de 500 alumnos.

En Primaria, la caída es progresiva, pero todavía continúan demandando Religión el 74% de los pequeños, unos 14.500 de los 19.338 matriculados. En Secundaria, se produjo un repunte porcentual en el último curso analizado, al pasar del 60 al 66,7%, o lo que es lo mismo, en el 2015-2016, algo más de 8.100 jóvenes de los 12.100 estudiantes cursaba Religión.

En cuanto a la titularidad del centro, también aquí hay una diferencia sustancial. Mientras en la red pública, de media entre los tres niveles educativos, el 40% de los alumnos se matriculó en esta disciplina, en la concertada, la tasa se dispara hasta el 70%.

La misma reforma también resta peso a la enseñanza concertada. En concreto, el Ministerio elimina la referencia a la demanda social para el acceso a estos centros, un término por el que en la práctica la administración debía garantizar a las familias plazas en la red concertada.

La nueva ley educativa, especialmente las modificaciones previstas en la asignatura de Religión y en la enseñanza concertada, ha levantado ampollas en algunos sectores. Padres de alumnos que cursan en centros privados sostenidos con fondos públicos, la patronal y la delegada Episcopal de Enseñanza se han mostrado muy críticos con un texto que «amenaza» la libertad de educación

El consejero de Educación, Alberto Galiana, es crítico con las formas y con el fondo de la reforma. El primero porque se han incumplido las normas básicas de tramitación de un proyecto de esta envergadura «que no se ha hecho ni con el tiempo ni con la reflexión suficiente». En cuanto al contenido, Galiana cconsidera que la reforma esconde «un componente electoralista más que educativo» y «tiene más de guiños a capas de su electorado que a los problemas auténticos que tiene la educación en España».

Respecto al contenido, cree que no aborda cuestiones básicas, como lo que tiene que ver con la formación del profesorado, con el modelo de selección ni con el estatuto básico del docente. Y tanto con la libertad de elección de centro como de asignatura de Religión «están generando un debate más artificial que otra cosa», ya que es una cuestión resuelta «de una forma razonable». «Enzarzar a la comunidad educativa en ese debate tiene mucho de artificial y de interés político» y más ahora que en el sistema actual «la religión sigue siendo voluntaria y los centros se abren a otras confesiones, lo que puede contribuir a que sean espacios de encuentro entre diversas culturas», apunta.

La delegada Episcopal de Enseñanza, Ana Rosa Ruiz-Bazán, parte de la base de que «para nosotros lo esencial es poner en el centro del proceso educativo al alumnado, más allá de cualquier ley educativa, para que se pueda desarrollar en todas sus dimensiones» y para eso, a su juicio, es fundamental ofertar la enseñanza de Religión en todos los niveles, incluido Bachillerato, porque «no es que sea sólo un derecho que ampara la Constitución y que los padres lo pueden ejercer libremente, sino que les ayuda a que sean personas más íntegras, que sean capaces de dar sentido a su vida».

En Escuelas Católicas de La Rioja, organización patronal que aglutina a la mayoría de los titulares de los centros educativos católicos de La Rioja, su presidente, Ramón María Iceta, entiende que «no cabe otorgar» a esta asignatura un estatus inferior al resto «tal como han señalado el Tribunal Supremo y el Constitucional» y, por tanto, «no resulta aceptable que se elimine su consideración académica (evaluable y computable)» ni que se suprima en Bachillerato. En relación a la pérdida de peso de la enseñanza concertada, califica de contraria a la Constitución española la eliminación de las referencias a la 'demanda social', máxime cuando los tribunales de justicia han recurrido a ella para fundamentar sus sentencias contrarias a las reducciones «arbitrarias» de conciertos en varias regiones.

Para Carlos Torres, presidente de Concapa, el intento de supresión del concepto de 'demanda social' a la hora de asignar las plazas escolares «es un ataque directo a otro derecho que parecen olvidar, que es el que garantiza la libertad de las familias a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos». También critica «la fijación por aparcar cualquier tipo de religión en las aulas, atentando de nuevo contra la libertad de educación». Con todo, «nos demuestran que una vez más se está utilizando la educación como moneda de cambio política» y que, en su opinión, no existe un interés real por abordar los problemas que «verdaderamente» importan a las familias, como el fracaso escolar y abandono temprano, la implantación de nuevas metodologías de aprendizaje y el nivel de preparación para acceder al mercado laboral, entre otras cuestiones.

Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de La Rioja (Fapa-Rioja) consideran que «la religión debe formar parte del ámbito privado y por tanto no debe formar parte del sistema educativo». Y en las apreciaciones que hacen al documento que recoge las propuestas para la modificación de la ley orgánica de educación, también abogan porque la escuela privada concertada «sea subsidiaria de la pública», por eso aseguran que «hay que garantizar a la escuela pública todos los recursos necesarios».