La reforma laboral reduce la temporalidad en La Rioja, pero el nuevo empleo fijo es menos estable

De forma incontestable, la reforma ha conseguido reducir la temporalidad laboral en la región, por debajo del 20% en los últimos doce meses. Y, también resulta irrefutable, que la cifra de contratos indefinidos suscritos a lo largo del pasado ejercicio casi quintuplica la registrada de promedio en años anteriores. Ahora bien, más empleo fijo no se traducido automáticamente en más trabajos estables, por cuanto los contratos a jornada completa han reducido su peso sobre el total de indefinidos, copados por la figura del fijo-discontinuo.

Según la EPA. al cierre de 2022 había 19.600 riojanos con contratos temporales, frente a los 27.700 de doce meses atrás. Y a ese descenso le acompañó de forma paralela un aumento de los empleados de forma indefinida, colectivo que en el último año ha conseguido rebasar la barrera de los cien mil hasta llegar, en concreto, a las 101.100 personas.

En términos relativos, la ratio de temporalidad en el empleo ha bajado en La Rioja en el primer año de vigencia de la nueva legislación del 23% al 16,2%, «una reducción significativa que evidencia que la reforma funciona» para combatir la precariedad de las relaciones laborales, subraya el secretario general de UGT-Rioja, Jesús Izquierdo, y que sitúa la tasa de temporalidad tanto en España como en La Rioja «en mínimos de las últimas décadas», añade su homólogo de CCOO en La Rioja, Jorge Ruano.

Prueba de ello es la práctica desaparición del contrato temporal por obra y servicio del que se abusó hasta la reforma: de las 45.106 contrataciones firmadas en la región en 2021 se pasó a las 5.030 en 2022, la mayor parte de ellas en el primer trimestre, dado que a partir de abril fue relevado por dos tipos de contrataciones eventuales: las amparadas en la modalidad de 'por circunstancias de la producción' y las de sustitución.

La reducción de la temporalidad laboral en la región se ha concentrado en el sector privado, que ha pasado de una tasa del 21,1% al 12,9%. Por el contrario, el avance en las administraciones públicas (Comunidad, Administración General del Estado y ayuntamientos) en la consecución de este primer gran objetivo de la reforma laboral ha sido nulo: 2021 finalizó con una tasa de eventualidad del 31,3% y 2022, del 31,1%.

Por sexos, el recorte fue mucho más intenso en el caso de las mujeres, con un descenso de la temporalidad de 9,1 puntos porcentuales (p.p.) en los últimos doce meses hasta una ratio del 17,8% frente a los hombres: bajada de 4,3 p.p. hasta el 14,7%. Los indicadores evidencian que se mantiene una brecha, pero la tendencia es que se acorta, ya que si la horquilla en 2021 estaba en 7,9 p.p., al cierre de 2022 se quedó en 3,1 puntos.

El segundo objetivo de la nueva normativa laboral, incrementar el empleo indefinido, también se ha conseguido a juicio de ambos dirigentes sindicales. Los datos de contratación lo corroboran: de los 7.270 suscritos en 2021 se pasó a 33.992 el año pasado. Prorrateando, cada día de 2022 se firmaron una media de 93 contrataciones fijas, casi cinco veces más que la media del ejercicio anterior (20).

Pero, ¿estos nuevos puestos de trabajo fijos generados gracias al impulso de la reforma van asociados a empleos estables y de calidad? Este, que es otro de los propósitos claves que persiguen los cambios introducidos en la norma, no parece haberse logrado a tenor de los datos oficiales.

En detalle, el grueso de la nueva contratación indefinida ha estado copado por la figura del fijo-discontinuo, modalidad por la que los trabajadores desempeñan sus tareas de forma intermitente y en periodos cortos de tiempo para una empresa. Es decir, es una relación laboral que no cesa, lo que ha generado polémica porque no figuran como parados cuando no trabajan y aunque estén cobrando el desempleo. En términos relativos creció en el último ejercicio el 1.337,7% (se sellaron 15.901 contratos en términos absolutos), un aumento que septuplica el de los indefinidos a jornada completa registrados en el mismo periodo.

Una de las consecuencias de esta utilización masiva de los fijos discontinuos para reemplazar a los empleos temporales es que su peso sobre la contratación fija total ha pasado del 15,2% al 46,8%, en detrimento de la de jornada completa, que si antes de la reforma legislativa representaban más de la mitad de los nuevos fijos que entraban al mercado laboral (52,1%) ahora supone sólo uno de cada tres (31,6%).

De estos datos se sirve el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, para sostener que «se ha incentivado el uso del fijo discontinuo este año como solución o respuesta a los contratos temporales», pero «lo que no se está produciendo es una subida de la contratación indefinida a tiempo completo, que es lo que el Gobierno está vendiendo». Además enfatiza que la contratación temporal «es vital para la actividad empresarial».

Si a los fijos discontinuos se les suman los indefinidos a tiempo parcial (21,6% del total), ocho de cada diez nuevos empleos fijos (78,4%) no ofrecen la estabilidad que se le presupone a la contratación fija. Y esto es así porque, como si se 'troceara' el empleo estable, los trabajadores afectados deben firmar más de un contrato (varios trabajos) para garantizarse unos ingresos regulares con los que llegar a fin de mes.

A nivel nacional, el sector que más está empleando la contratación fija discontinua es la hostelería, dato que no se puede consultar por autonomías puesto que la Seguridad Social no lo facilita regionalizado. Tampoco es posible analizar territorialmente si, como se temen los sindicatos, se está produciendo un uso fraudulento del período de prueba, antes casi desconocido, para extinguir contratos indefinidos. A nivel nacional los despidos por no superar ese plazo se han multiplicado por siete.

En este sentido, Izquierdo (UGT) insta a la Inspección de Trabajo a controlar este extremo y, asimismo, propone que la reforma «vaya más allá porque despedir es demasiado barato y los ERTE (despidos colectivos) deben recuperar la autorización administrativa». Por su parte, Ruano (CCOO) incide en que «los incrementos del SMI (salario mínimo) y la contratación indefinida no perjudican a la creación de empleo» y afirma que «el reto» es abordar con los empresarios «cómo repartimos los efectos negativos» de la inflación y «garantizamos el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios».