El rector y el secretario general de la UR cobran más que el presidente y los consejeros

De hecho, el rector de la UR, Juan Carlos Ayala, y el secretario general de la entidad, Alfonso Agudo, tienen salarios superiores a los que percibe el presidente riojano, Gonzalo Capellán, sus consejeros y resto de altos cargos. Esto es así por el régimen retributivo universitario que, además del salario por categoría profesional y los complementos por el cargo que ocupan, reconoce antigüedades personales como trienios, quinquenios de docencia, sexenios o complementos de productividad por investigaciones, es decir, una mochila propia que se incrementa con el paso de los años.

Juan Carlos Ayala, según la información facilitada por la UR, tendría un salario de 70.972 euros en su calidad de rector (sueldo de catedrático, complementos de destino, específico y de rector), pero en realidad, según ha podido saber Diario LA RIOJA, en el año 2023 percibió 108.824,38 euros. La diferencia está en su mochila personal por sus méritos traducidos en trienios, quinquenios y sexenios de investigación y productividad, así como por los incentivos, que cada año aprueba el Consejo Social de la UR y que el pasado ejercicio aportaron al rector 9.972 euros.

En el caso del presidente de La Rioja, su salario también es superior a los 82.756 que le corresponden 'oficialmente' como jefe del Ejecutivo. A esta cantidad suma 8.020 euros anuales en concepto de indemnización que perciben todos los diputados del Parlamento regional –también los cobraba su antecesora Concha Andreu–, y los trienios acumulados al servicio de la Administración pública, que no ha tenido problema en facilitar el Gobierno riojano. Capellán es catedrático universitario y, como tal, funcionario de la Administración del Estado, por lo que percibe siete trienios en su nómina (4.638 euros anuales). En total, el mandatario riojano cobra 95.456 euros anuales, aun así claramente por debajo del rector y algo menos también que el secretario general de la UR ya que, aunque dentro la Administración pública riojana los funcionarios ven incrementados sus salarios en función de la antigüedad, el régimen es diferente y menos generoso que el de la Universidad.

Así las cosas, el secretario general de la UR, Alfonso Agudo, también catedrático, y al igual que Ayala con una amplia trayectoria, percibió el año pasado 95.870 euros, incluidos también incentivos por valor de 9.972 euros. A partir de ahí, las cantidades cobradas por el resto del equipo rectoral de Juan Carlos Ayala van bajando, mientras que los incentivos oscilan entre los 9.972 euros que cobran los números 1 y 2 de la UR, junto con la vicerrectora de Ordenación Académica y profesorado, Eva Sanz Arazuri, a los 8.310 que percibieron el delegado para la transformación digital, José Díaz Cuesta, y la delegada para la Dirección de la Casa de las Lenguas, Cristina Flores, o los 6.648 euros que reciben varios vicerrectores.

Las fundaciones universitarias. La UR tiene dos fundaciones, la de la Universidad de La Rioja, a cuyo frente está María Anunciación Villanueva, con un salario que roza los 41.000 euros, mientras que Dialnet, la otra que dirige Elena López Tamayo, tiene un salario claramente superior con 65.000 euros, al que se suman unos objetivos que oscilan entre los 6.000 (primer y segundo año) y los 10.000 euros (a partir del tercero). Elena López Tamayo, que fue nombrada gerente de Dialnet el pasado mes de septiembre, acompañó a José Ignacio Castresana en su andadura en el Gobierno regional la legislatura pasada. Funcionaria, fue secretaria general técnica de la Consejería de Desarrollo Autonómico, cuyo titular era Castresana, y de allí ambos pasaron a la Oficina de la entonces presidenta riojana Concha Andreu como delegado para el Plan de Transformación y como su mano derecha.

Castresana, tras perder las elecciones el PSOE, fue 'fichado' el pasado mes de enero por el rector Juan Carlos Ayala como director de Análisis y Prospectiva, un cargo de nueva creación y del que se desconoce su salario completo. La UR únicamente facilita el dato como profesor titular y su cargo, asimilable a decano, lo que supone un sueldo de 44.860 euros anuales –considera que la Ley de Transparencia no le obliga a facilitar las mochilas 'privadas'–, por lo que faltarían los complementos personales e incentivos.

Gobierno regional. Además de Gonzalo Capellán hay otro consejero que también es diputado en la Cámara regional, Alberto Galiana, que cobra igualmente la indemnización de 8.062 euros anuales prevista para todas sus señorías. Asimismo, de los siete existentes son cuatro los consejeros funcionarios y, como tales, acumulan trienios de antigüedad: María Martín y Alfonso Domínguez, José Luis Pérez Pastor y el propio Alberto Galiana.

Este último, tras Capellán, es el alto cargo que más cobra, con 90.162 euros anuales gracias a su salario como consejero, su antigüedad (5.936 euros equivalentes a 9 trienios) y la indemnización parlamentaria. María Martín, titular de Salud, es la más veterana, ya que suma 11 trienios (7.289 euros), con lo que su salario asciende a 83.425 euros anuales. Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda y Administración Pública, tiene seis trienios, al igual que el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor. Ambos cobran 80.112 euros de la Comunidad Autónoma. También hay directores generales y otros altos cargos funcionarios que suman sus antigüedades a sus salarios, aunque en todos los casos los derechos reconocidos son notablemente inferiores a los del ámbito universitario.

Sociedades públicas. El gerente del Seris, Luis Ángel González, percibe 76.135 euros (un salario equivalente al de un consejero), mientras que quien menos cobra es el gerente de la Fundación Rioja Deporte, Jesús Rioja, con 51.400 euros. Únicamente, el gerente de Valdezcaray tiene en su contrato incentivos, según la información facilitada por el Gobierno regional.

Consejo Consultivo. Otro de los organismos financiados por el Gobierno regional es el Consejo Consultivo. Es un órgano de consulta jurídica del Ejecutivo riojano. Sus miembros abogados o licenciados en Derecho y no tienen salario fijo (más allá del suyo propio), sino que perciben dietas por ponencia realizada, presencia y/o desplazamientos si los hubiera. Al frente del Consejo Consultivo está en la actualidad el expresidente riojano del PSOE, José Ignacio Pérez Sáenz –anteriormente lo presidió el mandatario del PP Joaquín Espert– y tres abogadas como consejeras. El pasado año 2023, Pérez Sáenz percibió 34.400 euros en concepto de dietas por presencia y por ponencias.

El Parlamento aprobó en marzo de 2022 la profesionalización de la Cámara. Desde entonces, los salarios permanecen congelados y, en su primer año de aplicación supuso un coste de 1,27 millones. En el 2023 subió a 1,4 millones, aunque no es que cobrasen más, sino que, con las elecciones, hubo hasta 58 perceptores de sueldos por la renovación de la Cámara a mediados de año.

Un diputado raso cobra 51.560 euros brutos, siempre que haya decido optar por la profesionalización completa (la gran mayoría), frente a los 57.279 que reciben la presidenta de la Cámara o los portavoces. Si la dedicación no es exclusiva, los ingresos van desde los 38.670 euros brutos para los parlamentarios a los 42.985 de los portavoces.

Ahora bien, el salario de todos los diputados se completa con una 'indemnización' –gastos derivados de la función parlamentaria, incluidas dietas y desplazamientos–, que suponen 8.020 euros lineales para cada diputado (668,4 euros al mes), una cifra que aumenta además en otros casi 600 euros anuales si se ostenta el cargo de secretario o vicepresidente de comisión. En el caso de ejercer como presidente de comisión o portavoz adjunto, el pago anual es de 9.166 euros, mientras que para los portavoces es de 11.458 euros y de 15.478 para miembros de la mesa.

Esta 'indemnización' no es incompatible con la percepción de un sueldo público, con lo que todo el mundo puede cobrarla, salvo renuncia expresa.