UGT reclama introducir protocolos contra la violencia de género en la negociación colectiva

Así lo han expuesto esta mañana en rueda de prensa, la vicesecretarias generales de UGT, Cristina Antoñanzas (confederal) y Ana Victoria del Vigo (regional), momentos antes de celebrarse una jornada con delegados de la central en La Rioja, a tres días de que se celebre el próximo viernes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este año, el lema escogido por la central es 'La violencia machista tiene muchos nombres: sólo hay que saber identificarlos«.

¿Y cuáles son los detectados por UGT en el país? Pues a la violencia económica (dependencia de sus agresores) e institucional (los litigios las «revictimizan»), Antoñzanas ha señalado «la violencia que sufren las migrantes, ya que la tasa de feminicidios España es de 29 por cada millón, frente a cinco de las mujeres nacidas en España», y también la que se produce «en el ámbito rural», ya que «sólo el 20% de las asesinadas por violencia de género había denunciado a su asesino».

Pero si otras violencia «invisibilizada», a tal punto que los datos de denuncias es «irrisorio» por «el temor de las víctimas a sus consecuencias, como perder el empleo» es la que se produce en «el ámbito laboral». En este sentido, Antoñanzas ha explicado que, al margen de las administraciones públicas, la Ley que obliga a las empresas a elaborar planes para evitar abusos y, a a partir de ellos, desarrollar protocolos de prevención, únicamente compromete a las empresas con más de 50 trabajadores. Teniendo en cuenta que el perfil mayoritario en La Rioja son micropymes (únicamente 35 compañías riojanas cuentan con planificación al hoc), la vicesecretaria general de UGT ha reclamado «ir un paso más allá» de la legislación para que «a través de la negociación colectiva» los diferentes convenios incluyan medidas para evitar situaciones de «violencia machista».

En cuanto a la Ley del 'sólo sí es sí', Antoñanzas ha incidido en que UGT está de acuerdo con el espíritu de la norma, que «es proteger a las víctimas» y ha instado a esperar a que el Tribunal Supremo «unifique doctrine» para ver entonces si es necesario reformar o mejorar el texto legislativo. No obstante, la vicesecretaria general de los ugetistas ha lamentado que la norma s esté utilizando «para el ataque político» y ha enfatizado que los casos excarcelación por revisiones de sentencia (seis) y los de reducción de condena (nueve) «no son tantos como se quiere hacer creer». Además ha recordado que los 54 revisados por la Audiencia Provincial de La Rioja no han implicado una rebaja de las penas impuestas.

Por su parte, Del Vigo ha incidido en que «negar el aborto a una mujer que desea interrumpir su embarazo es una forma de violencia». «El aborto es un derecho de las mujeres, por lo que para garantizarlo es imprescindible regular la objeción de conciencia de los profesionales de ginecología y así garantizar que las mujeres puedan acudir a un hospital público y hacer uso de sus derechos», ha dicho.

Para UGT «sería lamentable, si se constata, el que algunos profesionales se viesen abocados a la objeción para evitar la penalización en sus carreras profesionales». «Nuestra comunidad autónoma es una de estas regiones en las que no se garantiza el derecho al aborto en el sistema público sanitario», ha enfatizado. Según la central, «278» intervenciones fueron «derivadas a diferentes comunidades autónomas cercanas, dado que las mujeres riojanas se ven afectadas precisamente por esta premisa y todo el personal de ginecología es objetor de conciencia en su totalidad.