Lo que aún queda pendiente

La nómina no es corta. Ni tampoco, por lo tanto, la labor de ajuste de esta parte del organigrama. Desde el Ejecutivo de Concha Andreu se informa de que los cambios se operarán «poco a poco» en próximas fechas una vez que las consejerías se asienten y con la previsión de renovar las cúpulas de los respectivos órganos. Las primeras decisiones en este sentido ya están encaminadas. El último Consejo de Gobierno acordó, por ejemplo, la renovación del consejo de administración de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER) que tendrá como encargo una decisión de calado: nombrar un sucesor para Javier Ureña, quien ha venido ejerciendo hasta ahora como gerente.

El Instituto de Estudios Riojanos y Fundación Rioja Deporte son otras de las entidades donde se han experimentado sendos movimientos. En ambos casos, en forma de adscripción de sus funciones a, respectivamente, las direcciones generales de Cultura y Deporte que comandan Diego Iturriaga y Raúl Martínez. Un paso que ha tenido como consecuencia inmediata el cese de la gerente del IER, Helena Juanes, cuya retribución estaba fijada en algo más de 58.000 euros anuales.

Y todo ello, a la espera también de resolver si se actúa sobre entes como Rioja Capital o la Fundación San Millán y cómo se cubren (si es el caso) las actuales vacantes, además de definir la estructura del Observatorio de los Derechos Humanos y la Oficina de Retorno que quedarán bajo la competencia de la consejería de Raquel Romero.

El Gobierno regional trabaja en paralelo en la designación de los altos cargos que restan y que, según indicó el portavoz Chus del Río al informar del resto de nombramientos en este nivel, está sólo pendiente de que sus nuevos responsables resuelvan flecos personales y laborales para tomar posesión. Seis son los nombres que quedan a expensas de desvelar en otras tantas direcciones generales: Diálogo Social y Relaciones Labores y Turismo (Consejería de Desarrollo Autonómico), Política Local y Servicios Jurídicos (Gobernanza Pública), Fondos Europeos (Hacienda) y Humanización, Prestaciones y Farmacia (Salud). En ese catálogo se inscribe asimismo la secretaría general técnica de la cartera comandada por Podemos (Participación, Cooperación y Derechos Humanos), que aún se desconoce quién la ostentará.

El anuncio del aumento de altos cargos en el organigrama de Concha Andreu (56 frente a los 41 del último gabinete del PP) y sobre todo el encarecimiento del gasto que ello acarreará para las arcas públicas (1,3 millones de euros más, según los cálculos del Palacete) desató este miércoles las críticas tanto de Ciudadanos como del PP. Por el partido naranja, el sobredimensionamiento deviene de la obligación de los socialistas de «colocar a sus socios de Podemos» para lo cual se han «inventado» una consejería. «Esta es la regeneración democrática y la redistribución de la riqueza de la que hablan el PSOE y Concha Andreu», denunció Pablo Baena. El PP elevó a entre 8 y 9 millones de euros el coste real del nuevo Ejecutivo. «La misma cantidad que está presupuestada este año para la Renta de Ciudadanía, lo que se dedica a políticas de juventud durante una legislatura o un dinero que podría destinarse a construir nuevos colegios en Agoncillo, Pradejón o Rincón de Soto», indicó Jesús Ángel Garrido.