La Rioja incumple las ratios nacionales de personal en residencias de mayores

El órgano consultivo añade que «pese a la dificultad que existe par encontrar razones que justifiquen el incumplimiento de un acuerdo, y no constando que la Comunidad Autónoma de La Rioja manifestara su desacuerdo», las cifras deben cumplirse porque incluso esos estándares «están respaldados con una financiación de los Presupuestos Generales del Estado».

La diputada socialista María Somalo ha desvelado estos incumplimientos, comparando las cifras del acuerdo del Consejo Territorial y del decreto de la Consejería. En el primer caso, por ejemplo, la ratio de gerocultores en residencias de personas mayores se sitúa en 0,31 para 2023, 0,33 para 2024 o 0,35 para 2025, creciendo a un ritmo de 0,02 hasta llegar a 0,43 en 2029, marco temporal en el que finaliza el acuerdo. En el caso de La Rioja solo se cita una ratio mínima de 0,31 en 2025, sin aumento con el paso de los años.

De la misma forma, para el conjunto de España se especifica una ratio mínima de personal de atención directa conjunta, que progresa del 0,39 de profesionales por residente en 2023 hasta 0,51 en 2029. Por ejemplo, en 2025, en La Rioja esta ratio sería de 0,4, cuando la nacional ya se situaría en 0,43 y tampoco se prevén incrementos. El Consejo Consultivo ya advirtió que tendría que haberse incluido esa progresividad «para sujetarse al cumplimiento del Acuerdo del Consejo Territorial».

Esas ratios incluso podrían rebajarse si una residencia justifica que el 40% de sus asilados no tengan un alto grado de dependencia, con lo que podrían llegar al 0,29% en la ratio de personal de atención directa.

Somalo ha explicado que con los porcentajes exigidos por la Comunidad Autónoma de médicos, enfermeras, gerocultores, terapeutas… se incumplen también lo pactado en los conciertos en vigor con las residencias. «Cuando vayan venciendo los contratos, se irán adaptando a los peores ratios establecidos», ha añadido. «Si ahora las cifras de personal están bajo mínimos, cuando vayan venciendo los contratos irán a menos», ha abundado.

Dentro del decreto del Gobierno regional se indica que antes de marzo de 2027 «todas las residencias deberán disponer de un plan funcional de coordinación que se elaborará conjuntamente con el sistema sanitario público que ostente la competencia en la zona» donde se ubique la residencia. Para Somalo, esta decisión demuestra la «total desviación de las obligaciones de los gestores privados» de las residencias y supone una sobrecarga para el sistema público, ya que las residencias podrán justificar que no encuentran personal para derivar a sus residentes a los centros de salud correspondientes. Somalo ha defendido que «se debe garantizar el mismo nivel de acceso a la sanidad pública de quienes viven en residencia y de quien lo hace en sus casas, pero ahora se está pretendiendo trasladar una atención preferente y continuada en el sistema público de los residentes».

La denuncia de Somalo ahonda en un problema latente en el sector, como es el de la falta de personal cualificado, especialmente de sanitarios, que llevó al Gobierno de La Rioja a anunciar que no sancionaría a las residencias que incumplieran las ratios por no encontrar facultativos, pese a las resoluciones judiciales. En la nueva norma de la Consejería de Salud y Políticas Sociales también se recoge que cuando «existan dificultades para la contratación de personal sanitario» en las categorías de médico y enfermería, se deberá acreditar esa dificultad cada seis meses y entonces «la atención sanitaria se prestará por el Seris». En este punto, el Consejo Consultivo también defendió que esas «dificultades de contratación no pueden quedar indeterminadas en la norma si se quiere cumplir los criterios de seguridad jurídica e impedir la arbitrariedad».

El Partido Popular, a través de una nota de prensa, ha respondido a Somalo que la nueva normativa «actualiza y mejora una en vigor desde 1998». «Esta norma incrementa el personal de atención directa de primer nivel y flexibiliza la contratación de otros perfiles profesionales que se ajustan a las necesidades de los residentes», han argumentado los populares, aunque para Somalo esta «flexibilidad» significa abrir la puerta a perfiles no específicamente clínicos y que no podrían «atender una situación de urgencia».

Además, el PP ha esgrimido que La Rioja es una de las cinco comunidades que cuentan con el porcentaje de plazas exigible (cinco por cada cien habitantes) y ha acusado a los socialistas de «alarmar a los mayores con informaciones sesgadas».