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Once empresas y uniones temporales de empresa (UTE) participadas por empresas riojanas han concurrido al concurso para construir la futura Ronda Sur de Logroño. Las ofertas plantean rebajas sobre el presupuesto de licitación (149,33 millones de euros) que oscilan entre ... el 12,83% y el 29,22%. Según ha podido saber este periódico, estas ofertas económicas se cruzarán con las técnicas, y la adjudicación definitiva de las obras se realizará dentro de dos meses, en junio, con lo que los trabajos físicos comenzarán en octubre, lo que permitirá cumplir el calendario previsto.
El nuevo tramo de autovía, que aprovecha en su mayor parte el trazado actual de la AP-68, como alternativa al desdoblamiento de la N-232, discurre con dirección este-oeste por los términos municipales de Murillo, Agoncillo, Arrúbal, Logroño, Villamediana de Iregua, Lardero, Navarrete y Fuenmayor.
El tramo de nueva A-68 se contempla libre de peaje por lo que el proyecto incluye la construcción de dos nuevas áreas de peaje troncales y entre un punto y otro se diseñarán o remodelarán un total de 8 enlaces –dos conexiones, las de inicio y final, y seis enlaces en Arrúbal, Agoncillo, Recajo, LR-250, Logroño y Lardero/N-111 y A-12/Variante de Fuenmayor–.
Los aspirantes a hacerse con esta obra son: la UTE Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU-Obras, Caminos y Asfaltos SA: Vías Construcciones SA-Azvi SA; COMSA SAU-Constructora San José: Dragados SA-Riojana de de Asfaltos; Sacyr Infraestructuras SA; Construcciones Sarrión-CYOPSA SISOCIA; Ortiz Construcciones y Proyectos SA-Levantina Ingeniería y Construcción SL-Construcciones Rubau SA; FCC Construcción SA; Obrascón Huarte Laín SA; UTE Acciona Construcción SA-Aquaterra Servicios Infraestructuras SL, y UTE Ferrovial Agroman SA-COPASA-Ismael Andrés SA. Excluida por presentarse fuera de plazo ha quedado Aldesa Construcciones SA-Copisa Constructora Pirenaica-Torrescamara y CIA de Obras SA.
El proyecto que convertirá la autopista AP-68 entre Arrúbal y Navarrete en circunvalación de la capital de La Rioja una vez libre de peaje, como alternativa al eje entre la N-232 y la actual circunvalación LO-20, salió a concurso con un presupuesto base de 149,33 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años y ocho meses –inicialmente se habló de 42 meses pero al final serán 44–. Todas las propuestas económicas presentadas tiran este presupuesto a la baja con un descuento sobre la cuantía proyectada por el Ministerio de Fomento que oscila entre el 12,83% y el 29,22%.
El Ministerio de Fomento licitó el 11 de enero el contrato para la construcción de la circunvalación, un paso que siguió a su publicación en la plataforma de Contratación del Gobierno de España el 29 de diciembre. Una semana después, y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), comenzaron los trámites correspondientes a las expropiaciones que afectan a un total de 1.072 fincas en Agoncillo, Fuenmayor, Lardero, Logroño, Arrúbal, Navarrete, Villamediana de Iregua y Murillo de Río Leza.
La Ronda Sur de Logroño se encuentra recogida en el protocolo de colaboración firmado entre la Administración General del Estado y el Gobierno de La Rioja para mejorar la funcionalidad y movilidad del corredor viario formado por la autopista AP-68 y la carretera N-232. La longitud del tramo objeto del proyecto es de 29 kilómetros.
De esta forma continúa la tramitación administrativa de la nueva circunvalación, pese a que, de forma paralela, el asunto ha llegado a los tribunales. A finales de enero Avasa, la concesionaria de la autopista AP-68, recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el proyecto. La empresa tomó esa decisión, toda vez que el Ministerio de Fomento había desestimado el recurso de reposición (de carácter potestativo, se introduce contra actos administrativos del sector público) que había interpuesto contra la resolución del 27 de julio del 2017 por la que se aprobaba el expediente de información pública y definitiva del proyecto de trazado de la nueva circunvalación logroñesa. La empresa decidió entonces recurrir ante la Audiencia Nacional, asunto que lleva la sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Se trata del mismo órgano que ha juzgado demandas similares de otras concesionarias contra actuaciones del Ministerio (el recurso es una práctica habitual de las empresas gestoras de autopistas), caso de Acesa, la administradora de la AP-2, quien se oponía al desdoblamiento de la N-II entre Pina de Ebro (Zaragoza) y Fraga (Huesca).
Una vez que la Audiencia Nacional se pronuncie, Avasa, en caso de que se desestime su petición, todavía tendría opción de recurrir en casación al Tribunal Supremo. Y en este escenario también existe un precedente cercano: el año pasado, el Alto Tribunal tumbó la reclamación de Abertis (la matriz de Avasa) contra la construcción de una autovía paralela a la autopista AP-68 en el entorno de Zaragoza. El Supremo ratificó la sentencia previa de la Audiencia Nacional, que había rechazado el recurso contencioso-administrativo de la concesionaria contra la aprobación definitiva de los estudios informativos elaborados por el Ministerio de Fomento para el tramo de la N-232 entre Figueruelas y Mallén. Entre otras alegaciones, la concesionaria subrayaba que el Gobierno central no tuvo en cuenta la alternativa consistente en aprovechar la calzada de la autopista, precisamente lo contrario de lo que ocurre con el desdoblamiento de la N-232 entre Arrúbal y Navarrete, en el que la autopista es la alternativa seleccionada para la duplicación de la vía.
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