La protectora deja de recoger animales abandonados dos meses y medio antes de acabar el contrato

El 8 de abril APA-Rioja anunció que no prorrogaría el contrato que finalizaba el 18 de julio, pero desde el 4 de mayo ya no ofrece el servicio que se le adjudicó en 2022 por 316.052 euros (IVA incluido) y dos años prorrogables, al presentar la oferta económica más baja de la licitación. En 2023 se modificó el contrato y se sumaron 130.600 euros al estimar que el incremento de controles por la ley de protección animal había aumentado los abandonos para evitar el cumplimiento de obligaciones como la esterilización y la identificación, pero, al parecer, no fue suficiente.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha confirmado a Diario LA RIOJA que «APA-Rioja ha agotado el presupuesto máximo que podemos darles por contrato y, tras ampliarlo al máximo (50% más), ha consumido un total de 474.078 euros, es decir, más de dos meses antes de la fecha prevista han agotado los recursos económicos y por eso han dejado de prestar el servicio».

Desde el Ejecutivo riojano se aclara que podría haberse prorrogado el contrato o haber firmado uno nuevo a modo de ampliación, pero, «lógicamente, visto el desinterés manifestado, hemos optado por prestar el servicio de otra manera». De hecho, semanas atrás el Consejo de Gobierno autorizó la nueva licitación del servicio por 393.767,88 euros, incluyendo en el pliego las instalaciones de lo que fue la residencia LolayZar en Cañas, adquirida por el Gobierno de La Rioja después de quedar en desuso. A día de hoy la licitación no se ha publicado y APA-Rioja ya no atiende el teléfono de avisos.

«La recogida de animales la seguirán realizando nuestros laceros (como hasta ahora) y, mientras tanto, Tragsa realizará la encomienda de gestión en Cañas hasta que se resuelva la nueva licitación», informa la Consejería. Ahora la competencia vuelve a ser municipal, si bien solo Logroño y Calahorra cuentan con instalaciones adecuadas y propias. «Nos consta que actualmente ayuntamientos, voluntarios y otras protectoras están dando solución a los casos puntuales que surgen», expone la Consejería.

En este sentido, desde el Gobierno regional se afirma que el 27 de marzo se instó a APA-Rioja a subsanar «varias deficiencias relacionadas con la falta de prestación del servicio comunicadas por ayuntamientos, Seprona y particulares para evitar la imposición de penalidades», y es que, «cada vez con más frecuencia se manifiesta la imposibilidad de comunicarse con APA-Rioja, no consiguen hablar con su personal responsable o no se les atiende de forma correcta». Incluso la Guardia Civil, ante la urgencia de algunos casos, al no ser atendidos por APA-Rioja, han entregado animales a otra asociación protectora. La Consejería, que finalmente no ha impuesto penalidades, «ha sido consciente de la dificultad del servicio, pero no ha perdido de vista las obligaciones que ha tenido que recordar a APA-Rioja».