El profesor de Gaztelueta condenado pide una entrevista con el Papa en Roma

El docente habría tomado esta decisión tras haber enviado una carta a Jorge Mario Bergoglio, cuando conoció la reapertura de su caso, que fue contestada por un funcionario de la curia con un simple acuse de recibo. Por contra, el Papa sí ha enviado varias cartas al exalumno y a su familia, escritas de su puño y letra.

Martínez ya fue contactado por el nuevo tribunal dos semanas después de que el obispo de Bilbao, Joseba Segura, anunciara de manera pública la apertura de la instrucción. El obispo de Teruel y Albarracín, monseñor José Antonio Satúe Huerto, envió a finales del pasado mes de septiembre una notificación al profesor en la que le informaba de que «próximamente» se iniciaría un procedimiento administrativo penal contra él, a tenor del canon 1720 del Código de Derecho Canónico, por un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con un menor. La misiva se la trasladaba en calidad de delegado de la Santa Sede después de que el Papa Francisco ordenara a la Congregación para la Doctrina de la Fe la reapertura del proceso canónico, cerrado en 2015 por falta de pruebas.

El responsable de la instrucción planteaba en esa comunicación a Martínez Sanz la posibilidad de retractarse de la postura que ha mantenido hasta ahora. «Como hermano en la fe, me permito recomendarle con todo respeto que si, por las circunstancias que fuesen, usted hubiera defendido su inocencia de forma incierta, contemple este procedimiento como una oportunidad para reconocer la verdad y pedir perdón al señor Juan Cuatrecasas Cuevas y a su familia». El responsable del tribunal informaba también al investigado acerca de la posibilidad de presentar un procurador y un abogado en el plazo de siete días a la recepción de la carta, fechada el 26 de septiembre.

Monseñor Satúe le avisaba de que con posterioridad recibiría una citación con la que daría comienzo el proceso, que se guiaría por la nueva legislación aprobada en diciembre de 2019 y diciembre de 2021, una reforma histórica del Derecho Canónico para endurecer las leyes contra los abusos sexuales en la Iglesia. El delegado instructor le menciona el canon en el que estaría tipificado su delito y le advierte de que «el Santo Padre ha dipuesto que se aplique la ley actualmente vigente y no aquella del momento en que se pudieron haber cometido los hechos, derogando cuanto prevé el canon 1313, que recoge explícitamente el principio de irretroactividad», que quedaría sin efecto.

Esta carta forma parte de un informe pericial elaborado por el jurista Fernando Simón Yarza, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra, en el que cuestiona la capacidad del Vaticano para imputar a un laico. El autor asegura que el dictamen, de 25 folios, lo ha realizado 'pro bono y motu proprio', «sin retribución económica alguna y sin dar cuenta a nadie de su proceder». El dossier ha sido difundido en círculos eclesiásticos y judiciales y lo ha hecho suyo el Opus Dei.

A algunos observadores les cuesta creer que el Papa se embarque en un proceso de estas características si no tuviera las cosas claras. Uno de sus asesores más cercanos y de mayor confianza es el cardenal y jesuita italiano Gianfranco Ghirlanda, doctorado en jurisprudencia en la Universidad de La Sapienza y exrector de la Pontificia Universidad Gregoriana y uno de los mayores expertos, precisamente, en Derecho Canónico. Fue decano de la Facultad de Derecho Canónico de la prestigiosa e influyente institución académica, vivero e incubadora de muchos de los cuadros del Vaticano.