El 'procés' y el final de las vacaciones fiscales estimulan la llegada de empresas a La Rioja

Así se desprende de las estadísticas mercantiles que elabora el Colegio de Registradores de forma trimestral, según las cuales, a lo largo del último bienio, España registró 11.764 movimientos de sedes sociales de unas comunidades a otras. Tras el archipiélago balear y La Rioja, entre las diez autonomías restantes a las que llegaron más firmas de las que emigraron destacan Canarias (saldo a favor en términos porcentuales del 35,8), Cantabria (19,8%) y Castilla- La Mancha (18,5%).

El otro lado de la balanza, el de la fuga de sedes sociales, estuvo protagonizado por Cataluña, como consecuencia de la inestabilidad política interna generada tras el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017. Cinco días después, el Gobierno central autorizó a los consejos de administración de las empresas a cambiar sus domicilios sociales sin necesidad de convocar a las juntas generales de accionistas. Y el resultado fue que 3.307 compañías 'huyeron' de esas comunidad en los dos últimos años en tanto que solo se dio la bienvenida a 1.091 entidades. Su saldo, en consecuencia, es negativo en 2.216 sociedades. Y es que, a pesar de que en el 2019 se acentuó la cifra de corporaciones que regresaron a la comunidad catalana (624 frente a las 467 del año anterior), las nuevas altas no equilibraron el balance final del bienio.

Además de Cataluña, estos últimos 24 meses también presentaron un saldo adverso para Castilla-La Mancha (28,3%), Murcia (22,1%), Asturias (15,8%) y hasta para Madrid (5,5%), a pesar de que esta última autonomía había sido el destino preferido durante determinados trimestres para empresas radicadas en Cataluña asustadas por la complicada situación de la región.

Los datos compilados por el Colegio de Registradores constatan que los principales destinos de las empresas riojanas que decidieron mudarse a otras regiones entre el 2018 y el 2019 fueron el País Vasco y Madrid (ambas con 14 casos) y Navarra (12). En el sentido inverso, La Rioja atrajo a 23 compañías catalanas, 22 vascas y 21 navarras.

El decano del Colegio de Economistas de La Rioja, Ernesto Gómez Tarragona, asegura que estos datos son «muy esclarecedores y coinciden con la realidad que vemos cada día». Si durante la vigencia de las 'vacaciones fiscales' forales muchas empresas riojanas reubicaron sus sedes en esos territorios para beneficiarse de las ventajas tributarias, en los últimos años, tras la ilegalización de estas ayudas, «los cambios de sedes obedecen más a meros ajustes en las empresas situadas en las 'mugas' (fronteras) para reunificar sus instalaciones en un solo territorio en lugar de tenerlas repartidas en dos». «Y viceversa», de ahí la captación riojana de firmas domiciliadas en el País Vasco y en Navarra entre el 2018 y el 2019.

En este sentido, Gómez Tarragona pone el acento en la 'deslocalización' de sociedades riojanas hacia Madrid. «Es una cuestión que nos tiene que preocupar por dos motivos», enfatiza. Por un lado, porque «muchas veces, cuando una empresa alcanza un volumen importante de negocio se enfrenta con la necesidad de tener su sede efectiva en la capital de España por el tema de relaciones y de encuentros comerciales con gente de fuera del país». «Y La Rioja ni está en el centro de España ni tiene las mejores comunicaciones, lo que lo hace realmente complicado», advierte. «Ni siquiera contamos con un hotel de categoría 'cinco estrellas lujo', como me suele comentar un experto en materia turística, que es el nivel de hospedaje en el que se mueve ese tipo de personas», enfatiza.

Y el segundo factor inquietante del traslado de empresas riojanas a Madrid (cuatro en el 2018 y diez el año pasado), explica el decano de los economistas riojanos, es que puede ser el efecto de la subida fiscal a los grandes patrimonios anunciada por el nuevo Gobierno de La Rioja: «Yo, persona física, me marcho a Madrid donde no se paga el impuesto, mientras que en La Rioja se va a recuperar el cien por cien este año, pero también me llevo mi empresa». Gómez Tarragona precisa que «las cifras son bajas, y por eso hay que hacer el análisis con mucha perspectiva, pero el aumento de traslados de sedes a Madrid puede obedecer a este cambio de tributación».

El domicilio social marca dónde está el mando de dirección de una compañía y suele coincidir con el fiscal. Y esta no es una cuestión baladí. El cambio de sede no conlleva consecuencia alguna desde el punto de vista del Impuesto de Sociedades, el principal gravamen al que hacen frente las empresas, ya que se trata de un tributo estatal. Sin embargo, el traslado de domicilio sí afecta a impuestos municipales y autonómicos porque se dejan de pagar en el municipio y en la comunidad de origen para empezar a abonarse en los nuevos destinos. Son los casos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o el de Transmisiones Patrimoniales que grava las ampliaciones y las reducciones de capital en las empresas.