El «guardador» de droga admite que se la entregaba el líder de la red en La Rioja «a cambio de 50 gramos al mes»

Conocía a V.V. desde hace diez o doce años. «Me vendía droga, yo andaba un poco mal de dinero, me ofreció ese trato y lo acepté», ha señalado. Su función de «guardador» no significaba que tuviera una participación en la venta del speed que tenía en su vivienda. «Ni he cobrado ni he vendido ni nada de nada. No he cobrado ni un duro de nadie», ha subrayado. Era el presunto cabecilla quien, según su versión, «venía, cogía lo que necesitaba y se lo llevaba».

Antes, V.V., que ha sido el primero en declarar este miércoles, a preguntas de su abogado -se ha negado a responder a la Fiscalía- ha negado que perteneciera a un grupo criminal: «Si formo parte de un grupo es de drogadictos», ha señalado.

Gran consumidor de drogas, como así se ha declarado, V.V. ha explicado que conoce a A.G.A., a quien el fiscal califica de suministrador de sustancias a gran escala, porque le compró dos coches. «No tenía vinculación con el tráfico de drogas, no pensaba que iba a pasar esto por comprar un coche. No me he metido ni una raya con él», ha dicho.

En una sala a la que los acusados han ido accediendo conforme llegaba su turno de declarar -mientras tanto siguen la vista desde un monitor en el pasillo anexo- V.V. ha descartado que suministrara droga, como así le imputa la fiscal, a ninguna de las personas que desde este martes se sientan con él en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de La Rioja. «Eso sí, me he drogado con todas las que conozco», ha detallado.

Desde que está en prisión provisional, ha asegurado que no consume, hasta entonces, speed, éxtasis, cocaína y heroína. «En una noche de sábado podía llegar a consumir 10 gramos de speed», ha manifestado. A preguntas de su abogada, ha añadido que su intención es deshabituarse y «dejar este mundo que no me va a traer nada bueno».

La Fiscalía imputa a V.V., quien entiende que tenía un «rol muy destacado en el grupo dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes», los presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal por los que le pide once años de cárcel y una multa de 205.000 euros.

Otro de los acusados, C.J.M.S. ha narrado que un día se trasladó desde Mendavia a Ausejo para buscar una bolsa con marihuana que le había encargado su hijo. «Solo la recogí no la compré», ha asegurado. Eran, según su relato, los 500 gramos que luego incautó la policía en su domicilio.

Por su parte, el procesado A.P.S., a quien la Fiscalía le atribuye el papel de colaborador de J.A.H. en la actividad de tráfico en su domicilio en Lardero, ha detallado que conoce al presunto líder en La Rioja y a otro de los procesados por «irnos de fiesta y consumir». A A.G.A., el abastecedor de drogas a gran escala desde Cantabria y el País Vasco, ha negado conocerle «ni de oídas».

«Gran consumidor», como así se ha reconocido, ha relatado que está en prisión bajo fianza de 1.500 euros, una cantidad que no puede pagar. «Dicen que trafico con drogas y gano dinero, si tuviera dinero de las drogas hubiera salido en marzo cuando me pedían de fianza 8.000 euros», ha subrayado.

A A.P.S. le detuvieron cuando tenía 50 años, entonces llevaba 25 años consumiendo. «Se murió mi madre y me refugié en las drogas hasta que me detuvieron». Ahora, asegura que lleva dos años y tres meses sin consumir. «Estoy limpio».

De acuerdo con el escrito de acusación, las pesquisas comenzaron después de que el Grupo UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja recibiera informaciones sobre la posible existencia de un punto de elaboración, venta y distribución de sustancias estupefacientes sintéticas, principalmente sulfato de anfetamina (speed) y metanfetamina, en un inmueble de Lardero.

Fruto de la investigación y de las intervenciones, se destapó todo un entramado de venta de drogas que extendía sus tentáculos por varios municipios de La Rioja, Navarra y Álava y que contaba con un laboratorio de drogas sintéticas en la localidad alavesa de Labraza.

Los veinte acusados se enfrentan a penas que van desde los tres años y medio a los once años de cárcel y multas de hasta los 2,5 millones de euros por los presuntos delitos de contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.