El PP presenta una proposición de Ley para desalojar a los okupas en 24 horas

Acompañado por su compañera en la Cámara Baja, Mar Cotelo, ha explicado en una rueda informativa que la propuesta del Grupo Popular permitirá a la Policía desalojar una vivienda okupada de forma ilegal en un día, de modo que su dueño no tendrá que esperar varios meses, como sucede actualmente.

El diputado popular riojano ha subrayado que se trata de una Ley «pionera» que plantea numerosos cambios legales y refuerza el delito de usurpación, que pasa de penarse con una multa a implicar cárcel de uno a tres años.

Los principios de esta Ley se corresponden con los de su partido, como «preservar la propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social», ha acalarado.

Aunque ha reconocido que ni en La Rioja ni en Logroño hay problemas de okupación ilegal, ha lamentado que sí se produzca en ciudades gobernadas por «las fuerzas radicales de izquierda».

Así, ha citado la Comunidad de Madrid, que contaba en septiembre del pasado año con 4.472 viviendas okupadas, casi 500 más que un año antes, la mayoría de ellas en su capital.

En su proposición de Ley, el PP sugiere agilizar el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia, modificando la Ley de enjuiciamiento criminal y la del Jurado, y amplía la reforma de los procesos civiles para agilizar la recuperación de los inmuebles por parte de sus propietarios.

Por su parte, Cotelo, ha resaltado que esta iniciativa para combatir la ocupación de viviendas también busca luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma, así como garantizar la propiedad privada, la convivencia y la seguridad.

Ha precisado que no debe confundir esta lucha contra las formas de delincuencia e ilegalidades de la ocupación con situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda o con la protección a las familias en situación de emergencia social.

También ha recordado algunas de las medidas impulsadas desde el año 2012 por gobiernos del PP para apoyar y amparar a las familias en situaciones de vulnerabilidad, como la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables y la Ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.