«Preocupación por la convivencia» en Recajo

Los vecinos de la urbanización Aguas Mansas de Recajo, donde se está habilitando una unifamiliar como centro para siete jóvenes derivados por el Juzgado de Menores, están preocupados porque «con un solo incidente negativo, el impacto en una familia puede ser profundo e irreversible». En el residencial del núcleo de población de Agoncillo, que cuenta con 38 casas, viven más de 150 personas, de ellas 25 menores de edad y dos mujeres embarazadas. «Nos están arrebatando un derecho fundamental: vivir en nuestra propia casa con tranquilidad y paz», manifiestan los vecinos. Por este motivo la urbanización solicita que se considere «la posibilidad de abrir este centro en otra localidad, en un lugar donde estos menores puedan recibir la ayuda que necesitan, sin que ello perjudique a otros».

El Gobierno de La Rioja ha adjudicado a Fundación Diagrama, por 552.544,30 euros, la gestión por un año (prorrogable) de un grupo educativo de convivencia, un proyecto socioeducativo promovido por la Dirección General de Justicia e Interior al que serán derivados siete jóvenes a los que el Juzgado de Menores les dicte esta medida. Diagrama debe ocuparse, como indica el pliego de contratación, de que «la persona menor asuma su responsabilidad y cumpla con las obligaciones impuestas en sentencias». Para ello la licitación exige una unifamiliar en La Rioja, a una distancia máxima de 10 kilómetros de Logroño y con una superficie mínima de 120 metros cuadrados. Tras descartarse una primera opción en la urbanización La Garnacha de Navarrete, ahora se ha escogido, en alquiler, una unifamiliar de Recajo. Diagrama también gestiona el Centro de Menores Virgen de Valvanera de Logroño, un servicio de acogida y reinserción prorrogado por un año el pasado enero por 1.839.600 euros.

«El entorno no reúne las condiciones necesarias para su integración ni para garantizar la seguridad de los residentes porque la urbanización se encuentra aislada, sin colegios, centros de ocio ni servicios básicos, rodeada de una carretera nacional, una fábrica, una gasolinera y un prostíbulo», expone la vecina Ana Ortiz. «No se trata de prejuicios o discriminación sino una preocupación por la convivencia. No hay garantías sobre el control de los jóvenes para evitar conflictos», añade Ana Ortiz. «Mi hija menor, espontáneamente, me ha dicho que está muy triste y creo que eso refleja la presión y el desamparo que las autoridades están creando en la comunidad. Que una niña piense eso viola nuestros derechos más fundamentales», advierte Ana Gutiérrez, también vecina.

Los vecinos de Aguas Mansas aseguran que la urbanización es tranquila, después de haber superado los problemas generados por otra unifamiliar que, años atrás, se alquilaba para fiestas. Originalmente los chalés no estaban ni vallados, aunque ahora hay vecinos que acaban de estrenar sistemas de seguridad. «Ahora resulta que dentro vamos a tener el caballo de Troya. Ya solo el miedo a que pueda suceder algo perjudica nuestra calidad de vida porque no podemos olvidarnos de lo que acaba de pasar en Badajoz», señala Ana Gutiérrez, en referencia al asesinato de una educadora social en una casa tutelada, por el que han sido detenidos tres menores residentes en ella. «No queremos estar al lado de algo que es un riesgo, un polvorín. Tenemos derecho, en nuestras casas, a vivir seguros y tranquilos», añade Ana Gutiérrez.

Por otra parte, otra vecina, Patricia García, se pregunta: «¿Si sucede algo, a quién pedimos responsabilidades? La consejera debe ser más empática. Los políticos están fallando, como siempre». «Es totalmente inadecuado, vulnera nuestros derechos», insiste Patricia García. «Y que no se nos olvide que no son menores desamparados sino adolescentes con medidas penales pendientes derivadas de su propia responsabilidad», subraya Ana Gutiérrez.

Encarna Fuertes, alcaldesa de Agoncillo, Ayuntamiento al que pertenece Recajo, asegura haber trasladado a Fundación Diagrama las inquietudes vecinales. «Se han mantenido reuniones entre la fundación, los vecinos y las administraciones públicas para explicarnos en profundidad las características del alojamiento, así como el perfil de los destinatarios acogidos en él. Nuestro compromiso es analizar toda la información con rigor y, junto con los vecinos, tomar la decisión que garantice y tenga en cuenta tanto las necesidades sociales, como el sentir y preocupación de la población», declara la alcaldesa. «Seguimos trabajando para que la voz de nuestros vecinos sea escuchada y poder encontrar la mejor solución posible para todos. Como alcaldesa, mi prioridad es defender los intereses de los vecinos y garantizar su tranquilidad», concluye Encarna Fuertes.

Diario LA RIOJA ha contactado con Fundación Diagrama, que ha rehusado hacer declaraciones y remite a «la Administración competente para cualquier aclaración o duda». Y el Gobierno de La Rioja tampoco ofrece declaraciones justificando que «no podemos facilitar datos sobre la ubicación de los recursos donde se atienden a menores por respeto a sus derechos, a su privacidad y por protección de datos».

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