En otra sesión maratoniana, que parecía pensada para distinguir a los diputados débiles de los fuertes, el Parlamento ha debatido los pormenores de la 'ley ómnibus' que había presentado el Partido Popular. Su veloz tramitación, el ahorro de trámites y el propio diseño de la proposición –una almazuela cosida de retales– levantó el enojo unánime de la oposición.
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Más allá de la polémica con la UNIR, todos los grupos de la oposición han cuestionado el sistema elegido por el grupo mayoritario para cambiar esas quince normas. «A ustedes el artículo que más les gusta es el artículo 33: hacemos lo que queremos. Las formas no es que hayan sido mejorables; han sido nefastas. Esto es un rodillo absolutista. Tenemos la sensación de estar viviendo un cierto atropello legislativo y parlamentario», censuró Javier García, portavoz socialista. Con mayor o menor volumen, críticas semejantes se escucharon a su izquierda y a su derecha. Desde Vox, Ángel Alda cuestionó una técnica legislativa «errónea»: «Puede ser causa incluso de inseguridad jurídica porque son cuestiones inconexas, que no tienen nada que ver unas con otras. Podríamos estar de acuerdo con algunas de ellas, pero ustedes utilizan esta vía para hacerlo con opacidad y la menor transparencia posible», denunció.
¿Y qué preceptos modifica la ley, además del célebre premiso a la UNIR? En el capítulo educativo, por ejemplo, se redactan disposiciones para reforzar la autoridad del profesorado y se establece un nuevo marco normativo para regular la convivencia en los centros. Entre las medidas correctoras por faltas graves se incluye la expulsión del centro por un periodo comprendido entre diez y veinte días. También se garantiza la gratuidad del comedor escolar para los alumnos matriculados en el primer ciclo de Infantil «dentro de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria».
Podemos-IU criticó especialmente la derogación de la ley que regulaba la impartición en La Rioja de la asignatura de Religión y sus alternativas, y que fijaba obligatoriamente la carga lectiva en «la mínima establecida, con carácter prescriptivo, en la norma básica estatal». Al eliminar esta disposición, el Gobierno regional queda libre para, dentro los márgenes establecidos por la ley nacional, autorizar un mayor número de horas. «Aprovechan ustedes que el Pisuerga pasa por Valladolid para colar todo esto de rondón», denunció Henar Moreno. Del mismo modo, censuró la eliminación de «la obligatoriedad de dar fondos a los ayuntamientos para que ejecuten las cuestiones de igualdad».
Desde la bancada popular, su portavoz, Cristina Maiso, defendió la forma legislativa escogida: «Esta técnica, que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, permite actuar con agilidad y precisión quirúrgica sobre cuestiones legales cuya modificación requiere de una cierta urgencia. Vamos a apostar por la simplificación administrativa y por la agilidad, eficacia y eficiencia en la gestión».
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Batalla parlamentaria por los precios de los comedores escolares
El pleno del Parlamento discutió una proposición no de ley presentada por el PSOE para pedir al Gobierno la mejora de las becas de comedor. La diputada socialista Teresa Villuendas acusó al consejero de Educación de «poner a las familias en una situación límite» por el «desmesurado aumento del precio» y reclamó un incremento de las becas: «Es un coste que muchos padres no van a poder pagar». El titular del departamento, Alberto Galiana, que subrayó que habían incrementado en un millón de euros la cuantía de las ayudas, le acusó de seguir «el manual del buen demagogo»: «Primero se dice que la calidad es mala y se achacan al gobierno entrante problemas derivados del anterior. Cuando se mejora la calidad, entonces se critica el precio. Y cuando también se mejoran las becas, decimos que estas son insuficientes».
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