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El Gobierno de La Rioja (PP) ha presentado el borrador del nuevo 'Plan de gestión del lobo' con el fin de «adaptar» el anterior, aprobado por el PSOE en 2023 tras las reuniones de la Mesa del Lobo en las que participaron políticos, técnicos, sindicatos ... y ecologistas. Y es que el decreto está bloqueado cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja tras la apelación de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) para eliminar la tasa máxima de extracción anual del 6% sobre la población («por ser incompatible con la protección»), interpretando que era un cupo mínimo.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos declaró que el nuevo plan «es necesario porque las medidas que se han tomado hasta el momento no han sido suficientes». Sin embargo, a juicio de Álex Dorado, exconsejero socialista que promovió el plan original, el nuevo decreto popular es bastante similar, cifrando el porcentaje de coincidencia en un 95%.
«El plan en sí nunca ha sido criticado por este gobierno, ya que no es un plan del ejecutivo anterior sino del sector», aclaran desde la Consejería. «La modificación pretende que pueda ser puesto en marcha desde el respeto a la decisión judicial de dictar medidas cautelares frente a un apartado del decreto», que se ha eliminado, explica la Consejería.
En base, el texto es el mismo, reconociendo que «el lobo desapareció de La Rioja a mediados del siglo XX debido a la acción del ser humano» y cifrando el último censo (2022) en cuatro grupos con una población media de unos 28 ejemplares. Lo que sí aporta el PP es que «el incremento de daños lleva a pensar en un incremento de individuos».
Los dos planes establecen un protocolo para la extracción o captura de ejemplares de forma excepcional y selectiva, aunque bien cabe recordar que, hasta el momento, después de aplicar medidas preventivas y experimentales para evitar ataques, no se ha cazado a ningún ejemplar en La Rioja desde su protección (2021), pese a que UPA reclamó en mayo de 2023 aplicar el protocolo después de que varios ganaderos de las Siete Villas sufrieran ataques que cumplían con las premisas marcadas en el plan.
Lo cierto es que hay que leer a fondo los planes de PSOE y PP para encontrar diferencias. El 'corta y pega' es evidente, con numerosos párrafos calcados. Sorprende, incluso, que el decreto del PP, que se opone a que el lobo no sea cazable, haya eliminado del texto del PSOE frases como «la presencia del lobo en zonas con ganadería extensiva puede llegar a ser conflictiva por la depredación sobre el ganado». Lo que sí hace el decreto popular es actualizar cifras, como la de las 696 reses muertas a causa del depredador en 2022, asegurando que suponen «casi el doble» que en 2021, y aumentando los municipios con presencia de lobo.
Prescindiendo de la justificación socialista de que «los ataques parecen estar más relacionados con la vulnerabilidad de los rebaños que con la abundancia relativa de lobos», que identificaba que los más grandes tenían más probabilidad de sufrir daños, en parte por «una mayor dificultad de su manejo», el decreto popular subraya que «la situación actual del sector muestra un escenario extraordinariamente grave que amenaza la viabilidad económica de muchas explotaciones», lo que obliga a «medidas inmediatas paliativas».
Una es actualizar las indemnizaciones por daños ocasionados por el lobo, a pesar de que el PSOE ya lo hizo en 2023, el resto son las mismas: ayudas, construcción de cerramientos, abrevaderos y refugios, Mesa del Lobo... aunque, eso sí, se prescinde del proyecto de aversión a olores. La finalidad del plan del PP, copiada del socialista, es «conservar y recuperar una población reproductora de lobo y hacerla compatible con actividades rurales». Mantiene igual la aplicación del protocolo de extracción, excepto por la eliminada tasa del 6% de la población anual extraíble, y evita citar la Ley de Biodiversidad por estar «en proceso de modificación».
«Lo más importante es que quitan el porcentaje máximo de un 6% de la población media estimada como tasa de extracción anual como salvaguarda para la conservación de la especie, desprotegiendo al lobo y dejando vía libre para extraer ejemplares en porcentajes que pudieran afectar a la viabilidad de sus poblaciones», declara Álex Dorado. Por otra parte, el exconsejero socialista señala que el decreto popular no menciona la Ley de Biodiversidad de La Rioja cuando «deben hacerlo porque es normativa de la materia» y también prescinde de «alguna aseveración científica contrastada».
Para Dorado, la copia es tan evidente que «algunas frases del decreto original contradicen la versión que la Consejería da hasta ahora con respecto al lobo y lo que dice públicamente Manzanos». Es más, señala Dorado, «en algunas partes mantienen las consejerías de Ganadería y de Medio Ambiente separadas», cuando en la estructura actual son la misma. «Tienen que adaptarse a la normativa europea y nacional y el populismo de Manzanos se da de bruces con la ley», declara Dorado.
Las alegaciones al nuevo 'Plan de gestión del lobo', actualmente en exposición pública, no se han hecho esperar por parte de sindicatos y ecologistas. ARAG-Asaja presentó seis propuestas porque considera «imprescindible adaptar la nueva normativa a la realidad que viven los ganaderos», por lo que reclama incluir compensaciones por animales desaparecidos y que se rebaje al 5% el porcentaje anual de bajas en la ganadería afectada para aplicar la segunda fase del protocolo de extracción.
Ecologistas en Acción exige que se mencionen en el decreto los datos sobre ovejas muertas en el 2019, cuando el lobo era cazable, porque «en ese año hubo exactamente las mismas cabezas de ganado muertas que en el 2022, sin embargo, creemos que de forma deliberada se omite». Además, los ecologistas denuncian que «no hay ningún dato científico» que avale la lista de municipios con presencia del lobo y señalan la falta de referencias a los factores externos que influyen negativamente en la situación de la ganadería extensiva, como el aumento de los costes de mantenimiento. «No es verdad que la viabilidad de la ganadería pase por controlar al mínino la conflictividad con el lobo», advierten.
Por otra parte, Amigos de la Tierra en La Rioja recuerda la reclamación judicial de Ascel para anular el plan original aprobado por el PSOE considerando que «el lobo no necesita que se le gestione, solo que se le proteja», y expone que el nuevo decreto «simplemente tiene por objeto lograr la aprobación de un protocolo de extracción, eufemismo de matar, para contentar a determinados sectores ganaderos». También recuerdan que ya alegaron antes pidiendo la catalogación del lobo como «especie vulnerable».
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